Gil afirma que la Fiscalía planeó qué juez tenía que realizar los registros
El alcalde de Marbella, Jesús Gil, afirmó ayer que los registros que el martes realizó la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Marbella y el estadio Vicente Calderón fueron planificadas con ocho días de antelación a la espera de que estuviera de guardia el titular del Juzgado número 7, Santiago Torres. Este magistrado paralizó días antes una obra en zona pública.
Gil insistió en la legalidad del contrato entre el Atlético de Madrid y el ayuntamiento marbellí porque él no lo suscribió. Reconoce que el Ayuntamiento se comprometió a pagarle a su club 450 millones por lucir en ...
El alcalde de Marbella, Jesús Gil, afirmó ayer que los registros que el martes realizó la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Marbella y el estadio Vicente Calderón fueron planificadas con ocho días de antelación a la espera de que estuviera de guardia el titular del Juzgado número 7, Santiago Torres. Este magistrado paralizó días antes una obra en zona pública.
Gil insistió en la legalidad del contrato entre el Atlético de Madrid y el ayuntamiento marbellí porque él no lo suscribió. Reconoce que el Ayuntamiento se comprometió a pagarle a su club 450 millones por lucir en las camisetas el nombre del municipio en las temporadas 91/92 y 92/93. Sostiene que, pese a que los pagos, en plazos de 75 millones, se tenían que hacer efectivos a partir del 15 de octubre de 1991, el club no comenzó a percibirlos hasta enero del año pasado "por dificultades de la tesorería municipal". "Si alguno pudiera sentirse estafado es el Atlético de Madrid, porque incluso no ha cobrado ni una sola peseta de intereses", dijo Gil.
El interventor municipal, en un informe de diciembre de 1995, admitía que no existía en la contabilidad municipal documento que acreditara dicha deuda. Gil arguye que esta situación se produjo "por el simple hecho de que se había paralizado su cobro desde su inicio porque no había fondos".
Por otra parte, el PSOE de la vecina localidad de Estepona denunció al gobierno de Jesús Gil Marín de coaccionar a comerciantes para que accedan a perdonar deudas contraídas por el consistorio. El Partido Socialista señaló dos convenios de cancelación de deudas ratificados en la comisión de gobierno de junio.
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