Un alto cargo de la Junta y un alcalde granadino, acusados de prevaricación

La Fiscalía de Granada ha pedido 9 años de cárcel y 10 de inhabilitación para el primer teniente de alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas y para el aparejador municipal, Alfonso Gómez Martínez, por los delitos de falsedad, prevaricación y tráfico de influencias. El fiscal considera que ambos, más otras 14 personas, entre ellas el alcalde, Antonio Rodríguez, participaron en una compleja operación urbanística plagada de irregularidades gracias a la cual, la familia del alcalde recalificó unos terrenos, adquiridos previamente. Entre los acusados figura el delegado de la Consejería de Obras...

La Fiscalía de Granada ha pedido 9 años de cárcel y 10 de inhabilitación para el primer teniente de alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas y para el aparejador municipal, Alfonso Gómez Martínez, por los delitos de falsedad, prevaricación y tráfico de influencias. El fiscal considera que ambos, más otras 14 personas, entre ellas el alcalde, Antonio Rodríguez, participaron en una compleja operación urbanística plagada de irregularidades gracias a la cual, la familia del alcalde recalificó unos terrenos, adquiridos previamente. Entre los acusados figura el delegado de la Consejería de Obras Públicas, Pedro Julián Lara, incurso en al menos otro procedimiento judicial, para quien se piden ocho años de inhabilitación por prevaricación.

Las conclusiones de la Fiscalía aparecen en un voluminoso escrito de acusación que analiza minuciosamente el complicado plan tramado por el Ayuntamiento de esta localidad fronteriza con la capital y cuya empresa municipal del suelo (Projunsa) es una de las más activas del área metropolitana de Granada. Según el relato del fiscal, el Ayuntamiento de Jun adquirió a la sociedad Comofesa una parcela de 8.000 metros cuadrados -calificados como urbanizables residenciales- para construir unas instalaciones deportivas. Los técnicos municipales avalaron la idoneidad de la parcela para tal uso ya que de otro modo "el sistema legal de adquisición hubiera sido el de concurso público". Dicha parcela colindaba con otras cuatro fincas propiedad de la esposa del alcalde, de su hijo Alberto Rodríguez y de la esposa de éste. En total, 1.089 metros cuadrados de los cuales sólo 179 eran urbanos. La finca para uso deportivo fue adquirida por el Ayuntamiento a la sociedad Comofesa por 45 millones de pesetas a pesar de que una empresa oficial de tasación, Tinsa, no sólo la valoró en 3,2 millones sino que también rectificó la superficie y la redujo a 6.000 metros. Compra ilegal El fiscal señala la contradicción que supone que un Ayuntamiento con 41 millones de presupuesto adquiera una finca que cuesta 45. La interventora municipal advirtió a la corporación de la ilegalidad en que incurrirían si aprobaban la compra. Para dar verosimilitud a la operación el municipio sumó a su presupuesto 90 millones de "enajenaciones de inversiones reales" y otros 40 por "transferencias de capital". El escrito de acusación, sin embargo, apunta que "de la documentación obrante no pueden concretarse de dónde proceden esas cifras" que sirvieron para que el Ayuntamiento adquiriera la propiedad por un precio superior al presupuesto anual. La adquisición fue aprobada por el pleno el 23 de marzo de 1992. Poco después, en lugar de construirse la instalación deportiva, la finca fue aportada por el Ayuntamiento a Projunsa, la empresa municipal del suelo, para que promoviera una urbanización de viviendas de protección oficial. Curiosamente la transmisión se formalizó en marzo de 1992 aunque Projunsa no se constituyó hasta agosto de 1993. Para promover la urbanización el Ayuntamiento tuvo que tramitar un proyecto de modificación puntual del suelo. Según el fiscal, el "Ayuntamiento de Jun presentó documentación y planimetría a la Comisión Provincial de Urbanismo ocultando que se incluyen terrenos particulares ajenos a los de titularidad pública". Dichos terrenos, beneficiados por la modificación urbanística, eran los de la familia del alcalde. El escrito de acusación recuerda que en la Memoria de la Modificación Puntual el arquitecto municipal aseguró que los 8.000 metros eran para promoción de viviendas protegidas pero en cambio "no dice nunca que haya parcelas privadas". El aparejador municipal, Alfonso Gómez Martínez, fue el autor de la vivienda construida por Alberto Rodríguez, el hijo del alcalde, y a la vez el perito del Ayuntamiento que informó favorablemente la obra. El fiscal considera que el delegado de Obras Públicas incurrió en prevaricación al aprobar, junto con otros técnicos de la delegación que también ha sido acusados, una modificación puntual sin comprobar la legalidad del enmarañado proceso administrativo.