El Tribunal de Cuentas descubre descontrol en el dinero público de empresarios y sindicatos
, Las principales organizaciones empresariales y sindicales administraron en la Fundación para la Formación Continua (Forcem) un total de 116.643 millones, de 1993 a 1995, destinados a cursos de formación para trabajadores, que emplearon con notoria "falta de rigor" en la gestión y justificación de esos fondos públicos, según un informe del Tribunal de Cuentas. El Tribunal dictamina que nueve de esas organizaciones, entre las que destacan la Confederación Empresarial Valenciana, la CEOE y CEPYME, deben devolver 434 millones por subvenciones que recibieron indebidamente.
La fiscalía ha r...
, Las principales organizaciones empresariales y sindicales administraron en la Fundación para la Formación Continua (Forcem) un total de 116.643 millones, de 1993 a 1995, destinados a cursos de formación para trabajadores, que emplearon con notoria "falta de rigor" en la gestión y justificación de esos fondos públicos, según un informe del Tribunal de Cuentas. El Tribunal dictamina que nueve de esas organizaciones, entre las que destacan la Confederación Empresarial Valenciana, la CEOE y CEPYME, deben devolver 434 millones por subvenciones que recibieron indebidamente.
La fiscalía ha recomendado poner en manos del Tribunal Superior de Valencia la actuación de la patronal valenciana por estimar que quienes la dirigían en el periodo fiscalizado han cometido delitos penales. El secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana durante 1993, 1994 y 1995 fue Luis Espinosa, actual secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional, que preside el secretario de Estado de Cooperación, Fernando Villalonga. El presidente de la CEV en el periodo analizado era José María Jiménez de la Iglesia.La fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas, remitida ayer al Parlamento, muestra que las organizaciones empresariales y sindicales manejaron con manga ancha miles de millones de pesetas, procedentes del Instituto Nacional de Empleo y del Fondo Social Europeo, que ellos mismos distribuyen y gestionan al hilo de los cursos de formación para empleados. El análisis realizado sobre una veintena de entidades que percibieron subvenciones refleja que la Forcem admitía como justificantes de gasto meras declaraciones escritas sobre los costes de los cursos, sin comprobantes documentales.
El pleno del Tribunal de Cuentas ha dictaminado que ocho organizaciones empresariales y un sindicato "eventualmente deben proceder al reintegro de las subvenciones indebidamente percibidas, más el interés de demora correspondiente". La principal responsabilidad recae sobre la Confederación Empresarial Valenciana, que debe reintegrar 191 millones de pesetas, seguida de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, que debe devolver 124 millones, y de la CEOE, a la que corresponde reintegrar 119 millones. A mucha distancia, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras debe devolver 17 millones de pesetas, y el Centro de Desarrollo de Directivos, SA, 4,9 millones.
Fondos para formación
La Forcem nació en mayo de 1993, como resultado de un acuerdo entre la CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, que renovaron en 1996. En sus manos quedó toda decisión referida a la administración y gestión de los fondos públicos destinados a la formación continúa de los trabajadores empleados. La junta de gobierno de la fundación quedó integrada a partes iguales por representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales. En 1996, la Administración se incorporó, con 12 representantes, a una comisión tripartita, presidida por el secretario general de Empleo, que asumió el reparto de la subvenciones, y en la que los empresarios cuentan con 11 miembros y los sindicatos con otros 11.En el periodo 1993-1995, la Forcem administró la distribución de 116.643 millones en subvenciones para formación de trabajadores empleados. Entre 1996 y 1998, periodo que está siendo investigado, la fundación ha administrado 228. 928 millones.
El análisis de las subvenciones gastadas entre 1993 y 1995 muestra un rápido crecimiento de los fondos destinados a los planes agrupados, promovidos por las patronales o los sindicatos y controlados por ellos: de 5.027 millones de pesetas en 1993 a 35.501 millones en 1995. Asimismo, los sindicatos y las patronales gestionaron el reparto de 13.708 millones de pesetas asignados a planes intersectoriales. El Tribunal reconoce que a partir de 1996 "se ha producido una objetivación en la concesión de las subvenciones, en la medida en que la resolución de concesión es dictada por el director general del INEM a propuesta de la Comisión Tripartita".
El Tribunal de Cuentas afirma que, en general, no existen partes firmados por los alumnos que permitan acreditar la asistencia real a los cursos de formación. Una carencia relevante ya que la Forcem abona las ayudas apoyándose en las cifras de alumnos declaradas por las entidades subvencionadas. En algunos casos, las ayudas suministradas por la Forcem unidas a otras subvenciones públicas para un mismo curso hicieron que algunas entidades percibieran del Estado más dinero del que les había costado el curso. Incluso alguna algunas entidades han utilizado por duplicado facturas para justificar gastos con cargo a subvenciones para formación concedidas por la Forcem y las han utilizado ante entidades públicas que también habrían concedido subvenciones.
El informe del Tribunal ha utilizado como muestra una veintena de entidades entre las que se encuentran la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, la Federación de siderometalurgia de UGT, El Corte Inglés, Prensa Española, la COPE y PRISA.