Un imputado del 'caso Aravaca' resta valor al informe pericial

Felipe San Román, promotor inmobiliario y propietario de suelo en Valdemarín (Aravaca) guarda silencio desde hace dos años, cuando algunos vecinos y la izquierda municipal iniciaron su cruzada contra la recalificación masiva de terrenos junto a El Pardo. Pero el informe de los peritos ha colmado su paciencia. San Román es uno de los nueve imputados en el caso Aravaca.Pregunta. ¿Consiguió un beneficio del 234% gracias a la modificación urbanística aprobada por el PP?

Respuesta. Los supuestos beneficios que ha generado la modificación puntual apenas han alcanzado un 20%. El ...

Felipe San Román, promotor inmobiliario y propietario de suelo en Valdemarín (Aravaca) guarda silencio desde hace dos años, cuando algunos vecinos y la izquierda municipal iniciaron su cruzada contra la recalificación masiva de terrenos junto a El Pardo. Pero el informe de los peritos ha colmado su paciencia. San Román es uno de los nueve imputados en el caso Aravaca.Pregunta. ¿Consiguió un beneficio del 234% gracias a la modificación urbanística aprobada por el PP?

Respuesta. Los supuestos beneficios que ha generado la modificación puntual apenas han alcanzado un 20%. El incremento de la edificabilidad del suelo se reparte entre los propietarios de suelo y apenas aumenta con respecto a la establecida por el Plan General de 1985.

P. ¿Cómo han obtenido esa cifra los peritos?

R. Porque no han tenido en cuenta que los propietarios tuvieron que dividir por dos el incremento de la edificabilidad de los terrenos. En Valdemarín, según el Plan General de 1985, había una edificabilidad de 0,3 por metro cuadrado [por cada metro cuadrado de parcela se puede construir 0,7 metros cuadrados]. Con la modificación puntual, los vecinos obtienen recalificaciones por valor tan sólo de un 10% más.

P. ¿Cúal es el origen de este proceso urbanístico?

R. Todo surgió por la protesta de los vecinos de los chalés de Valdemarín contra el proyecto original de la M-40. La autovía se iba a construir en túnel bajo la avenida de Valdemarín. Pero los vecinos se negaron a soportar las incomodidades de la obra a la puerta de sus chalés de lujo y lograron, mediante presiones constantes, que la nueva autovía se desplazara hacia la tapia de El Pardo, lo cual sí ha constituido un grave delito ecológico.

P. ¿Dice que el nuevo trazado motivó la modificación de la calificación del suelo?

R. Claro, porque el inicial que pasaba por la avenida de Valdemarín, que es un vial público, no hubiera necesitado de una expropiación y hubiera evitado la modificación puntual.

P. El informe pericial afirma que hubiera bastado con la recalificación de 300.000 metros cuadrados [el Ayuntamiento recalificó 700.000] para pagar las expropiaciones.

R. Esa cifra hubiera sido insuficiente para cubrir los 10.000 millones de pesetas que habrían costado, en dinero, los terrenos a expropiar necesarios para la obra de la autovía. Con esa recalificación sólo se hubiera pagado un tercio del total, aproximadamente.

P. ¿Por qué cree que los vecinos denunciaron el asunto ante los tribunales?

R. Porque no querían que la M-40 pasara por su barrio. Pero esta recalificación de suelo no se diferencia en nada a la que se han desarrollado para obtener suelo para las obras de los demás tramos de la M-40.