Japón y sus bancos

EL PRIMER ministro japonés, Keizo Obuchi, ya puede viajar a Washington la semana próxima llevando al presidente Clinton el ansiado regalo de un principio de acuerdo entre el Gobierno y la oposición nipones, para poner orden en el agónico sistema bancario de la segunda potencia económica mundial. Pero el compromiso logrado ayer tras semanas de zozobra -y que en líneas generales prevé la nacionalización temporal de los bancos en caída libre antes de vender sus activos sanos y liquidarlos- ha sido recibido con indiferencia por los analistas, que lo consideran vago y avizoran falta de voluntad pol...

EL PRIMER ministro japonés, Keizo Obuchi, ya puede viajar a Washington la semana próxima llevando al presidente Clinton el ansiado regalo de un principio de acuerdo entre el Gobierno y la oposición nipones, para poner orden en el agónico sistema bancario de la segunda potencia económica mundial. Pero el compromiso logrado ayer tras semanas de zozobra -y que en líneas generales prevé la nacionalización temporal de los bancos en caída libre antes de vender sus activos sanos y liquidarlos- ha sido recibido con indiferencia por los analistas, que lo consideran vago y avizoran falta de voluntad política para llevarlo adelante. Gobiernos occidentales y expertos llevan meses pidiendo una limpieza a fondo, rápida, ordenada y global de un sector cuya enfermedad comenzó a manifestarse seriamente hace cuatro años y cuyo volumen de deudas incobrables se estima en el billón de dólares, el 30% del PIB nipón.Primer fruto del acuerdo: un banco que fue prestigioso y fiador de grandes grupos industriales, el de Crédito a Largo Plazo, fue puesto ayer bajo administración pública. La medida, siendo alentadora, es poco relevante en el panorama de la insolvencia japonesa. Los expertos afirman que al menos una decena de los grandes bancos (19 en total, que controlan el 70% de los depósitos del país) necesitan inmediatamente o ser nacionalizados o recibir transfusiones masivas de capital. Las agencias de calificación de riesgos, que establecen la solvencia de las instituciones financieras, han advertido hace tiempo que bancos relevantes, como el Nippon Credit o Sakura, no pueden sobrevivir sin apoyo gubernamental.

El mundo industrializado espera de Japón un saneamiento de su caótica banca, sin el cual es imposible que la economía se reactive. La cirugía es tanto más urgente en un paisaje como el presente, con la crisis asiática ganando profundidad, América Latina balanceándose al borde del precipicio y Rusia abismándose en él. La Bolsa de Tokio alcanzó el jueves su punto más bajo en doce años, y la recesión nipona, por tercer trimestre consecutivo, añade más papel a la montaña del billón de dólares. Lo avanzado de la enfermedad, debido a la complacencia con que un atrofiado sistema político ha enfrentado sus dificultades (un partido clientelista y esclerotizado, el Liberal Democrático, gobierna desde hace medio siglo), exige ahora medidas draconianas: un programa de nacionalizaciones que preludie el cierre de los bancos desahuciados y la reflotación de los supervivientes.

Pocos creen que el acuerdo de madrugada entre Obuchi y el principal líder opositor, Naoto Kan, jefe del Partido Democrático, que controla con otros grupos el Senado nipón, tenga esa amplitud de miras. Cierto que la oposición, por primera vez y aupada por la rebelión popular contra la gestión económica del PLD, parece haber impuesto al Gobierno el principio de no saquear el bolsillo de los contribuyentes más que para nacionalizar y rescatar a los bancos con posibilidades de supervivencia. Pero ejecutar este compromiso exige no sólo conocer la verdadera situación de los bancos -de cuyo enmascaramiento el Ministerio de Finanzas ha hecho un arte-, sino la voluntad política de continuar el saneamiento de los mismos. Y parece difícil que el anodino Obuchi esté realmente dispuesto a segar la hierba bajo los pies de los industriales y comerciantes, votantes de su partido, mantenidos artificialmente a flote por los bancos quebrados. Unos bancos, por lo demás, decisivos en la instrumentalización del sistema que ha permitido al PLD perpetuarse en el poder.