Chamizo admite una queja contraria a ampliar el cementerio de Torremolinos

El cementerio de Torremolinos está en pleno centro de la localidad. La intención del PP de ampliar el camposanto ha irritado a los vecinos, que acusan al equipo de gobierno de vulnerar la legislación que obliga a dejar 500 metros libres de edificación como mínimo entre una necrópolis y un núcleo urbano. Hace apenas dos semanas, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, admitió a trámite la queja presentada por la plataforma creada por los cerca de 3.000 vecinos de la zona.

El camposanto se ubica en la calle de San Miguel, donde los turistas compran recuerdos y por donde bajan a la p...

El cementerio de Torremolinos está en pleno centro de la localidad. La intención del PP de ampliar el camposanto ha irritado a los vecinos, que acusan al equipo de gobierno de vulnerar la legislación que obliga a dejar 500 metros libres de edificación como mínimo entre una necrópolis y un núcleo urbano. Hace apenas dos semanas, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, admitió a trámite la queja presentada por la plataforma creada por los cerca de 3.000 vecinos de la zona.

El camposanto se ubica en la calle de San Miguel, donde los turistas compran recuerdos y por donde bajan a la playa. La única réplica del equipo de gobierno municipal a las críticas de la oposición es el silencio. IU, PSOE y Grupo Independiente, al igual que los vecinos, exigen que se haga un cementerio nuevo en los extrarradios. Las obras, que comenzaron en 1996 y fueron paralizadas poco después por un interdicto interpuesto por los vecinos, han sido retomadas en estos días, tras un fallo de la Audiencia Provincial que autoriza la continuidad de los trabajos y remite la causa a la vía contencioso administrativa. Los vecinos ya habían echado mano a esta instancia judicial. Cuando presentaron el interdicto, también interpusieron un recurso ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ahora han urgido al TSJA a decretar la paralización cautelar de las obras y han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Zona verde Los vecinos y la oposición esgrimen tres argumentos contra la ampliación: ocupa terrenos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana como zona verde, carece de la autorización de la delegación de Salud y no respeta la distancia de los 500 metros libres de edificios exigidos por el Reglamento de Policía Morturia. La legislación prevé una excepción a este requisito: que no haya en todo el municipio suelo disponible para construir un camposanto alejado de las viviendas. La oposición asegura que hay una parcela, la que eligió el PSOE durante su mandato. En la obra incluso se invirtieron más de 50 millones, pero quedó inconclusa tras el cambio de gobierno local en 1995. Desde entonces, el PP apostó por la ampliación. Para decidir si daba o no su visto bueno, la delegación de Salud pidió al Ayuntamiento documentación complementaria al proyecto. Ha habido contactos entre ambas administraciones, pero todavía las autoridades sanitarias andaluzas no han recibido los papeles requeridos hace un año y medio.