Cuerda defiende su gestión en autobuses pese a los indicios de irregularidades
El alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, anunció ayer que el Ayuntamiento presentará este mes alegaciones al informe técnico provisional elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la fracasada operación urbanística de la estación de autobuses de la calle Francia, en el que se aprecian diversas ilegalidades en la actuación municipal. Cuerda expresó "una profunda y esencial discrepancia" con el texto.
Los técnicos del Tribunal de Cuentas han apreciado diez graves irregularidades en los trámites de adjudicación de la reforma de autobuses. La empresa Autoestaciones Vitoria ...
El alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, anunció ayer que el Ayuntamiento presentará este mes alegaciones al informe técnico provisional elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la fracasada operación urbanística de la estación de autobuses de la calle Francia, en el que se aprecian diversas ilegalidades en la actuación municipal. Cuerda expresó "una profunda y esencial discrepancia" con el texto.
Los técnicos del Tribunal de Cuentas han apreciado diez graves irregularidades en los trámites de adjudicación de la reforma de autobuses. La empresa Autoestaciones Vitoria obtuvo la concesión en 1992, pero no pudo llevar adelante el proyecto, que incluía un apercamiento subterráneo y u centro comercial, y el solar de la calle Francia aún sigue paralizado mientras se agilizan las gestiones para ubicar allí el futuro Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Para rescatar la concesion, el Ayuntamiento debió pagar a la constructora 1.017 millones por los trabajos realizados. El tribunal ha observado en la actuación municipal vulneraciones de la legalidad. Así, asegura que no se realizó un estudio económico para averiguar la viabilidad del proyecto, que se evitó el preceptivo concurso público, que la Diputación no llegó a aprobar la obra, que se obvió un informe municipal sobre la escasa capacidad financiera de la empresa adjudicataria, que no participó el interventor del Ayuntamiento, que se pagaron a la empresa 160 millones más de los justificados y que Autoestaciones Vitoria se benefició de una exención fiscal de 67 millones. Por todo ello, el tribunal concluye que en la gestión municipal "no se garantiza el interés público". El Ayuntamiento presentará alegaciones a este documento, según confirmó ayer el alcalde, antes de finales de este mes. Cuerda no avanzó en qué consisten los argumentos del equipo municipal; tan sólo que estos incluyen "una profunda y esencial discrepancia" con las razones aducidas por el tribunal. Existía un plazo inicial de un mes para la respuesta del Ayuntamiento, pero éste ha solicitado una prórroga que concluye a finales de este mes. Reunión el miércoles El informe del Tribunal de Cuentas se ha elaborado a petición del propio Ayuntamiento, donde se creó en febrero de 1997 una comisión de investigación para aclarar responsabilidades. Su presidente, Alfredo Marco Tabar, portavoz del Partido Popular, remitió en mayo de ese año toda la documentación sobre este caso al Tribunal de Cuentas. Ahora que se ha hecho público el contenido del informe técnico provicional, Marco Tabar ha convocado para mañana una nueva reunión de los representantes de los grupos municipales en la comisión. "Porque los demás partidos también tendremos algo que decir", afirmó. Como avance, el alcalde entregará hoy el documento al portavoz popular. La oposición municipal ya ha anunciado que si las irregularidades observadas en el informe se mantienen en su redacción definitiva exigirá que se asuman "responsabilidades políticas". Unidad Alavesa, socio de Cuerda y el PNV en el Ayuntamiento de Vitoria, apoya al alcalde en la certeza de que no existieron irregularidades en la estación de autobuses. De hecho, el concejal de Hacienda, el foralista Javier Gómara, ayudará a Cuerda a redactar las alegaciones. El alcalde acusó ayer al tribunal de realizar una "filtración interesada" del informe. "Alguien elige el momento adecuado para sacarlo a la opinión pública. Cuando el tribunal me lo entregó, dijo que era un documento provisional y exigía confidencialidad. Yo he cumplido mi parte", declaró un cuerda visiblemente molesto "En estos momentos", añadió, "la opinión pública puede pensar que se han cometido montones de errores o anomalías en ese expediente, y eso es lo que el tribunal debe intentar impedir hasta que no se haga público el informe final". "Si el tribunal rectifica al ver alguna de nuestras alegaciones, ¿qué ocurre? Siempre quedará el calumnia que algo queda", dijo.