Las eléctricas tendrán que indemnizar a los usuarios por apagones injustificados

Un apagón provocado por un rayo paralizó en 1983 centrales nucleares, hospitales, metro, ferrocarriles, aeropuertos y toda la actividad de Cataluña a partir de la medianoche, al quedar desactivado un transformador. Para evitar hechos así, o para forzar al menos a las compañías eléctricas a garantizar un buen servicio, el Ministerio de Industria prepara un reglamento. La Comisión del Sistema Eléctrico se ha adelantado y ha distribuido para su consulta un capítulo sobre exigencias de calidad. Cuando éstas no se cumplan, los usuarios tendrán derecho a ser indemnizados.

Los cortes de luz si...

Un apagón provocado por un rayo paralizó en 1983 centrales nucleares, hospitales, metro, ferrocarriles, aeropuertos y toda la actividad de Cataluña a partir de la medianoche, al quedar desactivado un transformador. Para evitar hechos así, o para forzar al menos a las compañías eléctricas a garantizar un buen servicio, el Ministerio de Industria prepara un reglamento. La Comisión del Sistema Eléctrico se ha adelantado y ha distribuido para su consulta un capítulo sobre exigencias de calidad. Cuando éstas no se cumplan, los usuarios tendrán derecho a ser indemnizados.

Los cortes de luz sin explicación alguna eran frecuentes en la España rural de hace 50 años. Todas las familias tenían carburo a mano para salir del paso. Ahora, cuando los libros de reclamaciones están presentes en cualquier establecimiento o servicio público, incluidas las Administraciones, los usuarios no saben qué hacer si un fallo en el fluido eléctrico ha desconectado su despertador, le ha echado a perder el trabajo que preparaba en el ordenador o el congelador está encharcado al interrumpirse la producción de frío.

Compromisos mínimos

Las compañías eléctricas no avisan, y sólo cuando los apagones afectan a miles de ciudadanos trasciende el suceso a la opinión pública, y siempre como un hecho natural, consustancial al servicio. Nadie levanta la voz para exigir una explicación y, en su caso, una reparación por las pérdidas ocasionadas.Desde que se inició la liberalización del sector eléctrico, el camino para colocar a las compañías en la cultura de "ser proveedoras de un servicio con unos mínimos compromisos de calidad" está siendo una tarea complicada.

Para Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, un organismo que todavía no ha logrado liberarse de la tutela de la Administración (Ministerio de Industria y Energía) y de la poderosa influencia de las compañías eléctricas -al contrario de lo que ocurre en otros países con más recorrido democrático-, la calidad del servicio es un objetivo prioritario que sólo se logrará cuando la liberalización del mercado eléctrico sea una realidad.

"En este momento, de los 20 millones de consumidores de energía eléctrica que hay en España, sólo 600 pueden elegir la compañía suministradora que desean. Cuando puedan optar al menos unas 40.000 empresas por la compañía eléctrica que quieran, entonces podremos empezar a discutir sobre la auténtica liberalización y la calidad del servicio", opina Fernández Ordoñez.

Ese momento permanece aún muy lejano. Mientras llega, la Comisión que preside se adelantó a elaborar unas normas sobre calidad de servicio que han quedado posteriormente englobadas en el borrador del Reglamento sobre Transporte, Distribución, Comercialización y Suministro de Energía Eléctrica que el Ministerio de Industria y Energía ha distribuido para su discusión entre los sectores afectados.

En la propuesta de la Comisión se regula por primera vez el nivel de calidad de suministro que deben cumplir las empresas eléctricas allí donde distribuyan energía, en referencia a la continuidad de servicio, características de la tensión y la atención al cliente.

Cada zona (urbana, más de 50.000 habitantes ; semiurbana entre 5.000 y 50.000; y rural, menos de 5.000) tiene adjudicados unos niveles mínimos de calidad establecidos mediante las fórmulas denominadas TIEPI (tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada) y NIEPI (número de interrupciones equivalente de la potencia instalada) que regulan el número y duración de los apagones por zonas. De esta manera las eléctricas estarán obligadas a que el tiempo total de los apagones no supere las seis horas al año en las zonas urbanas;12 en las semiurbanas y 18 en las rurales.

Multas de 5.000 pesetas

Expertos consultados en reglamentos de calidad consideran ridículos estos mínimos establecidos. El propio Fernández Ordóñez lo califica de "poco ambicioso". Aun así, está a años luz de los mínimos que propone Industria, mucho más complaciente con las eléctricas."Cuando hablamos con las compañías para comprobar lo que ellas mismas publican sobre sus exigencias de calidad nos confiesan que no las cumplen. Simplemente, con que lo hicieran nos sentiríamos satisfechos", confiesa Fernández Ordóñez. " Los consumidores ni se enteran", admite.