Principio de legalidad
En todos los sistemas democráticos se han planteado siempre y se seguirán planteando problemas derivados del uso de la legitimidad democrática alcanzada en las urnas con la finalidad de torpedear el propio funcionamiento de dicho sistema democrático. La democracia no sólo posibilita sino que garantiza que se la pueda intentar destruir con los instrumentos que ella únicamente reconoce y pone a disposición de todos los ciudadanos sin excepción Éste es un problema que no puede ser suprimido. La democracia tiene que aprender a convivir con él. Siempre habrá uno o varios partidos, uno o varios alca...
En todos los sistemas democráticos se han planteado siempre y se seguirán planteando problemas derivados del uso de la legitimidad democrática alcanzada en las urnas con la finalidad de torpedear el propio funcionamiento de dicho sistema democrático. La democracia no sólo posibilita sino que garantiza que se la pueda intentar destruir con los instrumentos que ella únicamente reconoce y pone a disposición de todos los ciudadanos sin excepción Éste es un problema que no puede ser suprimido. La democracia tiene que aprender a convivir con él. Siempre habrá uno o varios partidos, uno o varios alcaldes, que acudan a las urnas con la finalidad de legitimarse democráticamente, para, a continuación, utilizar dicha legitimación para hacer que el sistema democrático no pueda operar. Ahora bien, que no pueda ser suprimido, no quiere decir que no se pueda hacer nada contra él. Al contrario. Los poderes públicos en una sociedad democrática tienen que tener una política frente a esa estrategia de la destrucción. Política que pasa siempre por la afirmación del principio de legalidad. No hay mejor defensa contra cualquier intento de destruir el sistema democrático desde dentro, que hacer cumplir la ley. No hace falta nada más para contrarrestar la estrategia de la destrucción. Y hacerla cumplir tal como la ley ha sido publicada, sin retorcerla para conseguir una determinada finalidad que el texto de la ley no permite y sin atender cantos de sirenas tendentes a sustituir la voluntad de la ley por un "pacto de naturaleza política". Con hacer cumplir la ley basta y sobra para hacer frente al problema planteado por la aprobación por el Ayuntamiento de Marbella del PGOU rechazado por la Comisión Provincial de Urbanismo. Ni el municipio de Marbella debe ser "intervenido" por la Junta de Andalucía, ni el Presidente de la Junta tiene nada que "pactar" con el alcalde de Marbella. Hay un procedimiento reglado y a lo que en ese procedimiento se establece hay que atenerse. Ni más ni menos.