El Ejecutivo andaluz rechaza la edificación de 110 viviendas en terreno forestal que pretendía Jesús Gil
La comisión provincial de Urbanismo rechazó ayer un plan parcial tramitado por el Ayuntamiento de Marbella, por el que se pretendía urbanizar 62,8 hectáreas de suelo forestal en una zona de alto valor ecológico. El consistorio gobernado por Jesús Gil proyectaba autorizar la construcción de 110 viviendas en el paraje Lagar del Pino, del Cortijo de San Cristóbal. El delegado provincial de Urbanismo, Carlos Morales, argumentó el rechazo en que las características del terreno no permiten la recalificación pretendida por el Ayuntamiento. Esta zona está considerada como suelo no urbanizable en el v...
La comisión provincial de Urbanismo rechazó ayer un plan parcial tramitado por el Ayuntamiento de Marbella, por el que se pretendía urbanizar 62,8 hectáreas de suelo forestal en una zona de alto valor ecológico. El consistorio gobernado por Jesús Gil proyectaba autorizar la construcción de 110 viviendas en el paraje Lagar del Pino, del Cortijo de San Cristóbal. El delegado provincial de Urbanismo, Carlos Morales, argumentó el rechazo en que las características del terreno no permiten la recalificación pretendida por el Ayuntamiento. Esta zona está considerada como suelo no urbanizable en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Morales advirtió al gobierno municipal de que la Junta de Andalucía impugnará cualquier licencia de obras que el Ayuntamiento marbellí conceda a este proyecto. El responsable de Urbanismo se mostró dispuesto a efectuar anotaciones en el Registro de la Propiedad que adviertan al posible inversor de la calificación del terreno. El plan parcial, que fue rechazado por la delegación de Morales, es promovido por la sociedad Zumos Marbella, SL, y afecta a terrenos no urbanizables que el Ayuntamiento pretende recalificar. La revisión del PGOU de Marbella fue vetada por la Junta y autoaprobada por el gobierno de Gil. El rechazo del nuevo planeamiento urbanístico provocó el enfrentamiento del equipo municipal, que acusa a la Junta de actuar con "dictámenes políticos antes que técnicos". Ésta es la primera tramitación urbanística que Gil efectúa ante el Gobierno andaluz después de ver paralizado su plan.