El Gobierno promete anticipar "al máximo" el final de la mili, previsto para el año 2003

El Gobierno hará "todo lo posible" por anticipar la supresión del servicio militar obligatorio y "acortar al máximo el periodo de transición" al Ejército profesional, según prometió ayer el ministro de Defensa, Eduardo Serra. En su primera reunión tras las vacaciones, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que fija el final del reclutamiento forzoso el 31 de diciembre del 2002. "Esa fecha es inamovible hacia atrás, pero no hacia delante", dijo Serra, quien subrayó no obstante las dificultades que entraña adelantarla.

Serra aseg...

El Gobierno hará "todo lo posible" por anticipar la supresión del servicio militar obligatorio y "acortar al máximo el periodo de transición" al Ejército profesional, según prometió ayer el ministro de Defensa, Eduardo Serra. En su primera reunión tras las vacaciones, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que fija el final del reclutamiento forzoso el 31 de diciembre del 2002. "Esa fecha es inamovible hacia atrás, pero no hacia delante", dijo Serra, quien subrayó no obstante las dificultades que entraña adelantarla.

Serra aseguró que el Gobierno "es sensible" a la demanda de la sociedad española, y en especial de su juventud, para que el servicio militar obligatorio sea abolido cuanto antes, pero advirtió que hay "dos dificultades" para satisfacerla: las disponibilidades presupuestarias y la capacidad de las Fuerzas Armadas para acelerar su profesionalización.Los presupuestos de 1999 incluirán la contratación de 17.500 nuevos soldados profesionales (5.500 más que en 1998), de forma que el año próximo acabará con 67.500 efectivos de tropa y marinería profesional. Adelantar el final de la mili obligaría, según el ministro, a incrementar este ritmo ya considerable, pues la capacidad para instruir y dotar a los nuevos soldados es limitada.

"No es un problema de negociación, lo que pasa es que la realidad es tozuda", contestó Serra, cuando se le preguntó si está dispuesto a pactar con el PSOE un adelantamiento al año 2000 de la supresión de la mili.

El proyecto de ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, señala que el reclutamiento forzoso acabará el 31 de diciembre del 2002 y que los nacidos a partir del 1 de enero de 1983 quedarán eximidos del mismo. Una disposición adicional autoriza al Gobierno "para que, en función del proceso de profesionalización de los ejércitos, pueda modificar las fechas determinadas en los apartados anteriores para acortar el periodo transitorio".

Serra calificó de "histórica" la decisión y aseguró que con ella se cumple lo prometido en el discurso de investidura de José María Aznar y en el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Técnicamente, el proyecto no suprime el servicio militar obligatorio, sino que lo suspende. Su abolición deberá esperar a la reforma la ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional de 1980.

El fin de la mili no elimina las obligaciones militares de los españoles, que en caso de crisis podrán ser movilizados con carácter forzoso previa autorización del Congreso. Los reservistas forzosos completarán a los temporales, ex militares profesionales, y a los voluntarios, que opten a las plazas convocadas al efecto.

El texto aprobado ayer por el Gobierno fija en un máximo de 120.000 soldados y marineros y 48.000 cuadros de mando los efectivos de las futuras Fuerzas Armadas profesionales. Acaba con la discriminación de la mujer en el seno de los ejércitos, ya que en adelante podrá acceder a todos los destinos sin excepción.

Se regula la carrera de los soldados profesionales, a los que se reservará la totalidad de las plazas de suboficial, y de los oficiales de complemento, que completarán las plantillas permanentes. Se endurece el sistema de ascensos y se alarga de 32 a 34 años el tiempo máximo de servicio.

Entre las novedades del texto figura la creación de consejos asesores de los mandos de personal de los ejércitos -en los que estarán representados todos los cuerpos, escalas y empleos-, como cauce para la presentación de sugerencias y reclamaciones.

Una disposición autoriza al Gobierno a decretar los ascensos del Príncipe de Asturias sin atenerse a los requisitos establecidos para los otros militares.