El Consell aún no ha indemnizado a los vecinos del Parque Ansaldo por la estafa de sus casas

La compra en 1980 de una vivienda en la urbanización Parque Ansaldo de San Juan se ha convertido en una pesadilla para cientos de personas que con el tiempo se ha agravado, al transformarse el barrio en un sinónimo de gueto, tráfico de drogas y conflicto ciudadano. Para los vecinos y afectados, el origen de la degradación es la suma de varias irregularidades administrativas y decisiones políticas. Los propietarios reclaman desde hace dos décadas un derecho tan fundamental como el de percibir indemnizaciones por una viviendas sociales que no cumplían las condiciones técnicas exigidas por la ley...

La compra en 1980 de una vivienda en la urbanización Parque Ansaldo de San Juan se ha convertido en una pesadilla para cientos de personas que con el tiempo se ha agravado, al transformarse el barrio en un sinónimo de gueto, tráfico de drogas y conflicto ciudadano. Para los vecinos y afectados, el origen de la degradación es la suma de varias irregularidades administrativas y decisiones políticas. Los propietarios reclaman desde hace dos décadas un derecho tan fundamental como el de percibir indemnizaciones por una viviendas sociales que no cumplían las condiciones técnicas exigidas por la ley.

Carlos Bravo compró en 1980 uno de los 612 inmuebles de la urbanización de Parque Ansaldo. El precio era de 2.200.000 pesetas, y la operación se financió a través del Banco Hipotecario. Las familias que se instalaron en la barriada detectaron a los pocos meses graves deficiencias en la construcción. "Aparecieron grietas en las paredes, los materiales eran defectuosos y teníamos inundaciones de aguas fecales", asegura el afectado. Los que se sintieron engañados, decidieron movilizarse. En una de sus visitas al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), descubrieron que el 2 de mayo de 1978 este organismo comunicó a la constructora de Parque Ansaldo, Viviendas Sociales de Alicante S.A., que su proyecto no cumplía con las condiciones técnicas exigibles. Los vecinos aún se preguntan cómo la delegación provincial del Ministerio autorizó la construcción de las viviendas el 7 de junio de ese mismo año, con un informe negativo de sus técnicos. "Nos estafaron porque nos vendieron unas casas que los técnicos no aprobaron", señala Bravo. La movilización de los vecinos alarmó a los futuros compradores. De las 612 viviendas, únicamente se ocuparon unas 300, y el resto de inmuebles quedó vacío. Fue entonces cuando el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo adquirió 180 casas de Parque Ansaldo, mientras los propietarios comenzaban a interponer las primeras denuncias ante los organismos competentes. A finales de 1982, y tras un informe técnico del ministerio, se inició un expediente sancionador contra la constructora por infracción del régimen legal de viviendas de protección social. No obstante, en 1985 la Dirección General de la Vivienda ordenó que el expediente se retrotrayera por "vicio de forma", ya que no se citó al arquitecto del proyecto. En 1986, los vecinos interpusieron un contencioso administrativo e iniciaron un proceso judicial, en varias instancias, que aún está por resolver. En 1991, el Tribunal Supremo ordenó la desclasificación de las viviendas de la categoría de sociales y decretó asimismo el derecho de los propietarios a percibir de la Generalitat (como Administración competente en materia de vivienda heredera de la gestión ministerial) una indemnización de daños y perjuicios por el funcionamiento de los servicios públicos. La administración y los vecinos intentaron llegaron a un acuerdo tras esta sentencia. Las negociaciones duraron más de dos años, y en febrero de 1994 los afectados pidieron la ejecución de esta sentencia. El proceso se encuentra todavía en tramitación.