Ortuondo desautoriza a su edil de Personal y pone fin a las compatibilidades
El alcalde de Bilbao, el peneuvista Josu Ortuondo, apostó ayer por defender su pacto de gobierno con el PSE e IU, desautorizó a su concejal de Recursos Humanos, Vicente Bilbao, de su mismo partido, y cerró todas las puertas a los empleados municipales que disfrutan de otro trabajo, además del público. Ortuondo no ocultó su disputa con Bilbao y aseguró que este asunto irá a pleno: "La última palabra la tengo yo".
Los representantes del Partido Nacionalista Vasco, PSE-EE e Izquierda Unida obtuvieron el pasado viernes el compromiso del alcalde de que la cuestión de las incompatibilidades ...
El alcalde de Bilbao, el peneuvista Josu Ortuondo, apostó ayer por defender su pacto de gobierno con el PSE e IU, desautorizó a su concejal de Recursos Humanos, Vicente Bilbao, de su mismo partido, y cerró todas las puertas a los empleados municipales que disfrutan de otro trabajo, además del público. Ortuondo no ocultó su disputa con Bilbao y aseguró que este asunto irá a pleno: "La última palabra la tengo yo".
Los representantes del Partido Nacionalista Vasco, PSE-EE e Izquierda Unida obtuvieron el pasado viernes el compromiso del alcalde de que la cuestión de las incompatibilidades de los funcionarios nunca pondría en peligro la estabilidad de pacto tripartito municipal. El concejal de Recursos Humanos, el peneuvista Vicente Bilbao, tenía una postura más particular sobre el asunto y apostaba por una reducción de los emolumentos como funcionarios para permitir que algunos colectivos, como el de los médicos, siguieran engrosando sus cuentas corrientes con el dinero obtenido por sus sueldos públicos, más lo que obtuvieran de sus consultas privadas o sus trabajos fuera del horario municipal. Visiblemente afectado, Ortuondo aseguró ayer tras una conferencia de prensa de la sociedad pública Bilbao Ría 2000 que su única conversación con Bilbao se había referido al hecho de que todos los funcionarios (51) con compatibilidades permitidas debían, desde el mismo martes, adecuarse a las nuevas condiciones laborales marcadas por la ley. El alcalde bilbaíno no quiso ni oír hablar de esperar al desarrollo de la Ley Básica de la Función Pública en el Parlamento estatal. Este proceso podría durar bastante más de un año, con lo que el actual gobierno tripartito municipal no le encuentra rentabilidad a tal medida. Además, las presiones de socialistas e Izquierda Unida han llevado al alcalde a poner en primer lugar la supervivencia del pacto de gobierno. Escasa comunicación La próxima primavera habrá elecciones y Ortuondo ya ha anunciado su intención de no volver a presentarse. El Partido Nacionalista Vasco aún no ha encontrado un candidato que le sustituya, pero la batalla está abierta. El desplante de Bilbao, un concejal con escasa comunicación con el alcalde, o las divisiones sobre asuntos como el futuro del edificio de La Alhóndiga, muestran la división que apunta en el seno nacionalista de cara a las próximas elecciones. Como dijo hace algunas semanas el propio portavoz de su dirección vizcaína, Iñigo Urkullu, "el partido todavía no ha tomado posiciones sobre los intereses particulares de ninguno de sus integrantes". Josu Ortuondo podría dejar para más tarde su vuelta al seno del BBV. El asunto de las incompatibilidades viene heredado de la época en la que los nacionalistas gobernaban con el Partido Popular, que ha mantenido un silencio absoluto sobre este asunto. En junio de 1997, en un pleno municipal, se acordó dar un año de moratoria a los funcionarios con más de un trabajo. Oficialmente son 51, pero tal y como ha asegurado el propio alcalde y han advertido los partidos de la oposición, son muchos más los que se benefician de sueldos extraoficiales. Médicos Josu Ortuondo prometió ayer que todo aquel funcionario del Ayuntamiento de la capital vizcaína que perciba otro sueldo, aparte de lo permitido por la ley, será expedientado y su caso se verá ante el pleno municipal, que dictaminará la sanción correspondiente. Hasta el momento, tan sólo el colectivo de médicos ha decidido apelar a un apartado de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado, para justificar que un descenso de sus emolumentos como funcionarios les podría permitir continuar de sus ganancias a cargo del erario público. El alcalde, notoriamente enfadado con Vicente Bilbao, aseguró que si este colectivo quería hacer valer sus derechos, el caso debería estudiarse por los servicios jurídicos del consistorio de la capital, y después, por la comisión municipal correspondiente.