El TSJPV anula las subidas salariales aprobadas por ocho instituciones
La Sala de lo Contencioso Adminstrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha suspendido de modo cautelar en las últimas semanas los incrementos salariales aprobados para el período 1997-1999 por siete ayuntamientos vascos y la Diputación de Vizcaya, al haber superado los topes establecidos en los Presupuestos del Estado para las Administraciones públicas. El tribunal considera en sus resoluciones que debe prevalecer el criterio del abogado del Estado, partidario de la suspensión, por la "escasa repercusión que supondría para cada funcionario hasta que la cuestiòn se...
La Sala de lo Contencioso Adminstrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha suspendido de modo cautelar en las últimas semanas los incrementos salariales aprobados para el período 1997-1999 por siete ayuntamientos vascos y la Diputación de Vizcaya, al haber superado los topes establecidos en los Presupuestos del Estado para las Administraciones públicas. El tribunal considera en sus resoluciones que debe prevalecer el criterio del abogado del Estado, partidario de la suspensión, por la "escasa repercusión que supondría para cada funcionario hasta que la cuestiòn se resuelva en el fondo". La suspensión, que tiene carácter cautelar hasta que la Sala dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión, impugna las subidas pactadas en los ayuntamientos de San Sebastián, Arrasate, Legazpi, Aretxabaleta, La Puebla de Labarca, Arrazua Barrundia y Valle del Trápaga, y en la Diputación de Vizcaya. En estas entidades, según informa Vasco Press, los incrementos aplicados a los funcionarios consisten en un 1% más 20.000 pesetas en 1997; el IPC más un 1% a partir del 1 de julio de 1998, y el IPC más un 0,5%, para 1999. Por el contrario, la Ley de Presupuestos de 1997 estableció que quedaran congelados los sueldos de los funcionarios, mientras que la de este ejercicio estipula que las retribuciones no podrán incrementarse más de un 2,1%. El Tribunal Superior se remite al Tribunal Constitucional, cuya doctrina señala que la norma estatal "se extiende con idéntico alcance a la totalidad de las Administraciones públicas".