Guerras sucias

CON LA declaración prestada ayer por el ex ministro José Barrionuevo culmina la primera parte del juicio por el secuestro de Segundo Marey. A la espera del desfile de testigos, los testimonios de los acusados permiten distinguir tres actitudes, pero también tres estrategias de defensa. Los policías que participaron en la retención de Marey alegan que obedecían órdenes y buscan la prescripción con el argumento de que se trató de una detención ilegal y no de un secuestro; los dirigentes políticos intermedios, Damborenea y Sancristóbal, también persiguen la prescripción, pero asumen su participac...

CON LA declaración prestada ayer por el ex ministro José Barrionuevo culmina la primera parte del juicio por el secuestro de Segundo Marey. A la espera del desfile de testigos, los testimonios de los acusados permiten distinguir tres actitudes, pero también tres estrategias de defensa. Los policías que participaron en la retención de Marey alegan que obedecían órdenes y buscan la prescripción con el argumento de que se trató de una detención ilegal y no de un secuestro; los dirigentes políticos intermedios, Damborenea y Sancristóbal, también persiguen la prescripción, pero asumen su participación en los hechos -en la decisión de retener a Marey-, implicando a sus superiores políticos, Vera y Barrionuevo. Estos últimos, por su parte, lo niegan todo y buscan la nulidad tras el alegato de que lo único que hay detrás del juicio es una conspiración política.La táctica de los defensores de los policías consiste en desplazar la responsabilidad hacia arriba, buscando demostrar, en particular, que fueron los políticos quienes tomaron la decisión. Las declaraciones de los testigos que comenzarán a declarar hoy deberían servir para determinar más precisamente el origen de la decisión inicial y para contrastar las acusaciones de unos imputados contra otros. Junto al argumento de la obediencia debida , los abogados alegan que al no haber existido condiciones para la liberación de Marey, el delito no sería de secuestro, sino de detención ilegal, el cual habría prescrito dado que los plazos para ello son menores.

En el editorial que publicamos el día que se inició el juicio decíamos que era la hora de los jueces. Pedíamos que se les dejase trabajar sin juicios paralelos. No hemos vuelto a pronunciarnos editorialmente sobre el asunto, lo que contrasta vivamente con la actitud de algunos lobbys mediáticos que han venido dictando sentencia prácticamente a diario y siempre en el sentido de confirmar posiciones previamente sentadas. La libertad de expresión ampara esa opción, pero nos parece deontológicamente discutible cuando se trata de medios de comunicación que al mismo tiempo presumen de haber hecho posible la celebración del juicio. La euforia indisimulable que a esos medios, y a esos periodistas, parecen producir este desgraciado asunto de los GAL resulta impúdica: precisamente porque ha envilecido durante años la vida colectiva, sería deseable una cierta sobriedad; dejar que actúe la justicia, ahora que el asunto está por fin en sus manos, y evitar hasta donde sea posible extender aún más ese envilecimiento.

No es sólo una cuestión de estilo. Esas sentencias paralelas coinciden con la advertencia a los juzgadores deslizada en su día por el actual vicepresidente primero del Gobierno. Álvarez Cascos vino a decir que la justicia arriesgaba su prestigio si el tribunal sentenciaba en sentido diferente al del «veredicto de los ciudadanos». La mezcla entre advertencias políticas y presión mediática es siempre fatal para la justicia, pero lo es especialmente en la fase de juicio oral, en la que corresponde a los magistrados valorar las pruebas.

Entre la conspiración y la negación de la evidencia, el encanallamiento de la convivencia provocado por la guerra sucia ha sido la principal victoria de ETA en estos años. Ayer mismo, el diputado nacionalista Iñaki Anasagasti declaraba que si se considerasen prescritos los delitos del caso Marey «en la misma semana en que se condena a Valentín Lasarte a 82 años por asesinar a Fernando Múgica» se habría demostrado que aquí «no ha cambiado nada». La prescripción es una institución jurídica prevista en la ley de todos los países democráticos. Si es de aplicación o no al caso Marey lo decidirá el Supremo, un órgano colegiado integrado por magistrados de acreditada competencia profesional. Que un dirigente democrático se permita advertir a los jueces que si aplican ese principio jurídico estarán legitimando a ETA indica hasta qué punto ha llegado la presión espuria. Contra ella, reiteramos nuestro deseo de que se deje de intimidar a los jueces con advertencias y de aturdir a la gente con fantasmadas. Porque creemos en la solvencia e independencia de la sala sostenemos que es necesario dejar a los magistrados que hagan su trabajo.