Todos los partidos excepto el PP piden el indulto para un "okupa" condenado a tres años de prisión

Diputados de todos los grupos con representación en el Parlament, a excepción del Partido Popular, han solicitado a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, el indulto para un okupa por los disturbios ocurridos en una manifestación de protesta tras el desalojo del cine Princesa de Barcelona, en octubre de 1997. Luis Vicente Gil Amores fue condenado inicialmente por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Barcelona, Beatriz Grande, a penas que sumaban cuatro años de prisión por manifestación ilícita, atentado a la autoridad y desórdenes públicos. El pasado 20 de mayo la Aud...

Diputados de todos los grupos con representación en el Parlament, a excepción del Partido Popular, han solicitado a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, el indulto para un okupa por los disturbios ocurridos en una manifestación de protesta tras el desalojo del cine Princesa de Barcelona, en octubre de 1997. Luis Vicente Gil Amores fue condenado inicialmente por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Barcelona, Beatriz Grande, a penas que sumaban cuatro años de prisión por manifestación ilícita, atentado a la autoridad y desórdenes públicos. El pasado 20 de mayo la Audiencia de Barcelona rebajó esa y otras cuatro penas por considerar que no existió el delito de manifestación ilícita, y absolvió a tres de los 15 jóvenes condenados inicialmente por la juez. Al final, Gil Amores fue quien quedó en una situación jurídica más delicada, porque resultó condenado a una pena de un año de prisión y a otra de dos años. Al resto de los condenados es casi seguro que la juez les concederá la libertad condicional, puesto que sus condenas no superan los dos años, pero en el caso de Gil Amores es muy probable que se acuerde su ingreso en prisión, aunque todavía no existe una resolución judicial. Alarma social Ante esta posibilidad, los diputados Josep Rull (CiU), Manel Bustos (PSC), Ignasi Riera (IC-EV), Joan Ridao (ERC), Xavier Bosh (PI) y Fidel Lora (PCC) han solicitado la medida de gracia porque la ley prevé que mientras se tramita la petición se puede dejar en suspenso la ejecución de la condena y, por tanto, el ingreso en prisión. Los diputados autonómicos consideran que el encarcelamiento "generaría un estado de alarma social del todo innecesario". Del mismo modo, recuerdan que concurre el requisito de "poca gravedad de los hechos" juzgados que exige la ley, que el acusado carece de antecedentes penales y policiales, que está cursando estudios universitarios y que tiene el apoyo de asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos y otras entidades. La Asamblea de Okupas de Barcelona ha convocado para hoy una manifestación de protesta y ha solicitado que los ciudadanos llamen por teléfono o envíen un fax al juzgado. Gil Amores aseguró ayer que no piensa huir.