Los socialistas navarros no dejarán caer al Ejecutivo de la derecha. El presidente navarro considera que "no hay ningún motivo" para romper el pacto con el PSN
Los socialistas navarros están dispuestos a no dejar caer el Gobierno de la derecha de Miguel Sanz, pese a su decisión de romper los pactos presupuestarios con los que apoyaba al minoritario Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro (UPN). El secretario general del PSN-PSOE, Juan José Lizarbe, aseguró ayer que la medida no afectará "en ningún caso" a la estabilidad política de la comunidad foral. Aunque la dirección socialista no ha descartado ninguna posibilidad, ni siquiera la de presentar una moción de censura, el PSN, a un año de las elecciones autonómicas de junio de 1999, parece haber aposta...
Los socialistas navarros están dispuestos a no dejar caer el Gobierno de la derecha de Miguel Sanz, pese a su decisión de romper los pactos presupuestarios con los que apoyaba al minoritario Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro (UPN). El secretario general del PSN-PSOE, Juan José Lizarbe, aseguró ayer que la medida no afectará "en ningún caso" a la estabilidad política de la comunidad foral. Aunque la dirección socialista no ha descartado ninguna posibilidad, ni siquiera la de presentar una moción de censura, el PSN, a un año de las elecciones autonómicas de junio de 1999, parece haber apostado por ejercitar desde este momento una más clara oposición a la derecha o por intentar recomponer los acuerdos en una posición más ventajosa ante la debilidad parlamentaria de UPN. El empeño del Ejecutivo conservador por concertar con los colegios privados de enseñanza navarros el nuevo bachiller no obligatorio establecido por la LOGSE ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia socialista, que considera el intento toda una "declaración de guerra" contra la red educativa pública. La presión del PSN, que apuesta por un sistema individualizado de becas a los alumnos, ya logró que, a las 24 horas de aprobado, el Gobierno foral retirara un primer proyecto de ley para concertar los dos cursos del nuevo bachillerato. Pero cuando, el pasado lunes, el Ejecutivo de Sanz aprobó, pese a todo, el sistema de conciertos para el primer curso del nuevo bachiller, de la FP de grado medio y de los programas de garantía social, la alarma se encendió en la Ejecutiva socialista.El PSN entiende que el Gobierno navarro ha vulnerado el espíritu y la letra de los acuerdos y busca desde ayer un nuevo escenario político para la comunidad foral en el que están abiertas todas las posibilidades. "Por interés puramente electoral", reconoció Lizarbe, "al PSN le interesaría llegar a las elecciones de junio de 1999 teniendo el Gobierno y sabemos que, previsiblemente, si presentáramos la moción de censura la ganaríamos". El Ejecutivo cuenta con 17 parlamentarios en una cámara de 50 escaños en la que el PSN tiene 11 diputados. Pero el líder socialista sugirió implícitamente que no se llegará a ese extremo: "Nunca antepondremos los intereses electorales del partido a los intereses generales de Navarra", añadió Lizarbe, quien defenderá esa postura ante el Comité Regional que debe decidir la posición final del PSN en su reunión del próximo sábado. La actual dirección del PSN heredó una política de pactos con la derecha gobernante que ha respetado durante seis meses. Pero considera que los incumplimientos y vulneraciones de esos acuerdos, calificados como "de mínimos" por la nueva ejecutiva, hacen "insalvable" la situación en palabras del secretario de Organización, Jorge Mori. No se trata sólo del empeño de UPN en "financiar con dinero público los intereses de los centros", según opinaba ayer la portavoz parlamentaria de Educación de Izquierda Unida, Isabel Arboniés, sino de dar por acabado el apoyo a un Gobierno que no ha logrado los resultados previstos en educación, infraestructuras viarias (autopista Madrid-Tudela y tren de alta velocidad), o proceso de transferencias (Justicia, tráfico, políticas activas del Inem), y que, en el sentir del PSN, burla la soberanía de la Cámara de Pamplona con interpretaciones discordantes de acuerdos parlamentarios como el relativo a modificar el sistema de elección del presidente de Navarra o el rechazo a la aplicación del medicamentazo. El Gobierno de UPN se formó por una carambola política en el otoño de 1996: la disgregación del tripartito presidido por el socialista Javier Otano, tras conocerse que éste poseía cuentas bancarias en Suiza. Ferraz nombró entonces una gestora provisional para organizar el partido socialista. Bajo una fuerte presión interna, la gestora optó por una política de estrecha colaboración con UPN que cerró su último pacto presupuestario en diciembre de 1997 paralelamente a la celebración del VI Congreso del PSN, en el que la línea política de la gestora fue abrumadoramente derrotada. La nueva dirección decidió realizar un seguimiento crítico de aquellos pactos y reforzar el contenido social de los mismos. Ahora se ha decidido dar por acabado ese intento. De ahora en adelante, al gobierno de UPN le esperan días difíciles. El presidente Sanz se manifestó ayer "tranquilo" y reiteró que "no hay ningún motivo" para romper los pactos. UPN ha exigido al PSN que diga "qué párrafos" del acuerdo se han incumplido. Llamamiento a la alternativa Si los socialistas optan por reforzar su tarea de oposición sin presentar una moción de censura, el Parlamento de Navarra se convertirá en un calvario de sucesivas derrotas para el Ejecutivo de UPN. Sólo le quedaría una opción: llamar a negociar a Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN), una escisión de sus propias filas dirigida por el ex presidente Juan Cruz Alli, que ayer se mostró dispuesto a hablar con quien le llame para negociar sus diez escaños parlamentarios, que darían mayoría absoluta a UPN. A pesar de su afinidad en múltiples materias (por ejemplo en la concertación del bachiller no obligatorio, que CDN apoya totalmente) la grave enemistad personal de sus líderes y la disputa por un espacio político común dificulta sobremanera cualquier pacto duradero. Como la ley de Amejoramiento del Fuero imposibilita a Sanz para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, el Ejecutivo de UPN estará obligado a intentar renegociar los pactos con los socialistas. Ya pasó por el aro de aceptar las propuestas de éstos en empleo, financiación de la universidad pública y rechazo al medicamentazo. En materia antiterrorista y en la defensa del embalse de Itoiz no tienen desacuerdos relevantes. Pero la guerra educativa parece un obstáculo insuperable. IU y Eusko Alkartasuna no se fían demasiado del pretexto educativo del PSN para distanciarse del Gobierno y ayer reiteraron su llamamiento a "consolidar una alternativa real a la derecha desde el Parlamento", según Fermín Ciáurriz, portavoz de EA.