Un juez admite una querella por estafa contra el alcalde de Galapagar

Un juez de Collado Villalba ha admitido a trámite una querella por un presunto "delito de estafa" contra el alcalde de Galapagar (16.500 habitantes), Eugenio de Pablo, del PP. La oposición (PSOE e independientes) denunció al regidor por haber ordenado la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocam) de una subida de impuestos municipales cuatro días antes de que el pleno la aprobase.Los hechos, según la denuncia, sucedieron de la siguiente manera. El pleno aprobó el 22 de noviembre de 1996 una subida del coeficiente del impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 0,60% al 0,82%, aproxim...

Un juez de Collado Villalba ha admitido a trámite una querella por un presunto "delito de estafa" contra el alcalde de Galapagar (16.500 habitantes), Eugenio de Pablo, del PP. La oposición (PSOE e independientes) denunció al regidor por haber ordenado la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocam) de una subida de impuestos municipales cuatro días antes de que el pleno la aprobase.Los hechos, según la denuncia, sucedieron de la siguiente manera. El pleno aprobó el 22 de noviembre de 1996 una subida del coeficiente del impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 0,60% al 0,82%, aproximadamente una subida lineal del 36% para los vecinos. A partir de ese momento, los residentes en Galapagar tenían 30 días hábiles para alegar. Por tanto, el plazo para presentar sus propuestas, a causa de las fiestas navideñas, concluía el 3 de enero. Pero el 27 de diciembre, en pleno periodo de alegaciones, el alcalde ordenó remitir al Bocam el texto con la aprobación definitiva de la subida, a pesar de que el pleno municipal donde debía ratificarse el incremento impositivo no se había celebrado aún. Esto no ocurriría hasta el 31 de diciembre.

Manuel Cabrera, portavoz del PSOE, cree que De Pablo pidió que se publicase la subida de impuestos en el Bocam antes de que el pleno lo aprobase porque, si se hubiera publicado en enero, el incremento aprobado por el Ayuntamiento no hubiera podido hacerse efectivo hasta 1998, tal y como marca la ley. Cabrera considera que el alcalde ha prevaricado.

De Pablo dio ayer su versión del asunto: "Oficialmente no he recibido aún el auto del juzgado. De todas formas, el documento que esgrime la oposición [el auto judicial] no hace ninguna referencia a los hechos de los que presuntamente se me inculpa. Es probable, por lo tanto, que se deba a otra causa. Pero si se refiriese a la modificación del impuesto de bienes inmuebles, no tengo ninguna duda de la legalidad de mi actuación, porque mi proceder fue avalado por los informes del secretario, del interventor y del servicio de Administración Local de la Comunidad".