Dos guardias acusan a un teniente coronel de forzarles a decir que torturaron
El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra 14 guardias civiles del cuartel de Colmenar Viejo, acusados de maltratar física y psicológicamente a tres jóvenes detenidos en octubre de 1994, entró ayer en su segunda jornada. El cabo Francisco José Chincoa y el guardia Jorge Moreno negaron haber maltratado a los detenidos. Para justificar las autoimputaciones que figuran en un informe reservado que elaboró la Guardia Civil sobre los hechos, y que constan en el sumario, ambos agentes indicaron que uno de sus mandos les forzó a testificar que habían vejado a los detenidos....
El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra 14 guardias civiles del cuartel de Colmenar Viejo, acusados de maltratar física y psicológicamente a tres jóvenes detenidos en octubre de 1994, entró ayer en su segunda jornada. El cabo Francisco José Chincoa y el guardia Jorge Moreno negaron haber maltratado a los detenidos. Para justificar las autoimputaciones que figuran en un informe reservado que elaboró la Guardia Civil sobre los hechos, y que constan en el sumario, ambos agentes indicaron que uno de sus mandos les forzó a testificar que habían vejado a los detenidos.
"No me dejaron leer mi declaración, y el teniente coronel [Gascón, de la 112ª Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos] golpeaba en la mesa cuando yo no respondía lo que él quería", indicó Chincoa, y corroboró luego Moreno.
Según afirmaron, su superior les obligó a adecuar sus respuestas, nada favorables a ellos, a las de otros agentes que también fueron interrogados sobre los hechos.
"Firmé mi declaración por orden del teniente coronel", señaló Moreno, "y entendí como una amenaza una pregunta sobre si quería seguir en la Guardia Civil".
Los abogados critican al instituto armado por no haber defendido a los guardias
Mañana proseguirán los interrogatorios de los otros guardias. El tribunal, la Sección Segunda de la Audiencia, tiene previsto que el juicio —el mayor de los últimos 15 años contra guardias civiles— se prolongue por espacio de un mes.