Serra justifica las escuchas del Cesid a HB pero sugiere que el Gobierno no las conocía

"Efectivamente: existía en Vitoria una infraestructura técnica del Cesid". Con estas palabras, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, admitió ayer en el Congreso que las escuchas descubiertas en la sede de HB de Vitoria pertenecían al servicio secreto. Aunque a estas alturas pareciera una obviedad, el ministro necesitó valor para reconocerlo, pues se trata de un hecho presuntamente delictivo que está investigando una juez. Serra no quiso ir ni un paso más allá. A la pregunta de si el Gobierno estaba al corriente de las intervenciones telefónicas, se limitó a contestar: "No tiene por qué conoce...

"Efectivamente: existía en Vitoria una infraestructura técnica del Cesid". Con estas palabras, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, admitió ayer en el Congreso que las escuchas descubiertas en la sede de HB de Vitoria pertenecían al servicio secreto. Aunque a estas alturas pareciera una obviedad, el ministro necesitó valor para reconocerlo, pues se trata de un hecho presuntamente delictivo que está investigando una juez. Serra no quiso ir ni un paso más allá. A la pregunta de si el Gobierno estaba al corriente de las intervenciones telefónicas, se limitó a contestar: "No tiene por qué conocerlas".

La Comisión de Defensa del Congreso, habitualmente anodina, estuvo rodeada ayer de una expectación sin precedentes. El ministro Eduardo Serra, un independiente en el gabinete de José María Aznar, tuvo que dar cuenta no sólo del espionaje del Cesid a HB, sino sobre todo, como le recordaron todos los grupos de la oposición, de la incoherencia de su actual discurso con la actitud que mantuvo el PP cuando el PSOE gobernaba y se tenía que enfrentar a problemas similares. Bajo la atenta mirada del portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, Serra empezó reconociendo que las escuchas descubiertas en la sede de la coalición radical en Vitoria son obra del Cesid. Eso no quiere decir, aclaró a continuación, que se espíe a un partido político legalizado.

A quien investiga el servicio secreto, añadió, es a la organización terrorista y a sus grupos de apoyo, que pueden utilizar los medios de un partido como podrían utilizar otros. El ministro leyó algunos párrafos del Plan de Objetivos del Cesid - aprobado el 31 de marzo de 1997, previo conocimiento del Consejo de Ministros-, que incluye al "complejo de apoyo a ETA" entre sus objetivos prioritarios.

Serra no aclaró si él mismo o sus compañeros de Gabinete estaban al corriente de unas escuchas "con apariencia de ilegalidad", según sus propias palabras, aunque sugirió que no. "El Gobierno conoce los objetivos del Cesid. Los medios y procedimientos operativos son secretos y no tiene por qué saberlos", dijo.

Operación legítima

Tras subrayar que la operación de Vitoria era legítima y se encuadraba plenamente en los objetivos que debe cumplir el Cesid, Serra intentó sembrar en los diputados una "duda razonable" sobre la legalidad de la misma, a pesar de que el artículo 18.3 de la Constitución consagra el derecho al secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. A justificar jurídicamente esta tesis dedicó la mayor parte de su discurso, en el que contrapuso el secreto de las comunicaciones con otros principios superiores, como el derecho a la vida o la seguridad del Estado, frente a los que aquél debe ceder.

Serra invocó la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia de Estrasburgo, así como numerosas sentencias, incluida una reciente del Tribunal Constitucional italiano, que avaló las escuchas sin mandamiento judicial del servicio secreto de dicho país a un español sospechoso de colaborar con ETA.

"No quiero justificar los hechos ni abdicar un minuto del principio de máximo respeto a la ley, pero sí exponer una duda razonable que aconseja no sacar conclusiones precipitadas hasta que se pronuncie el juez", concluyó. Los prolijos argumentos jurídicos del ministro no convencieron a la mayoría de los grupos, pero causaron "estupefacción" al portavoz de CiU, Joan Miquel Nadal, que prometió estudiarlos.

En cambio, hubo amplio acuerdo en la necesidad de resolver las "insuficiencias" de la actual legislación española, que no prevé que el centro de inteligencia pueda realizar escuchas telefónicas bajo control judicial.

El ministro anunció su propósito de iniciar de "inmediato" contactos con las fuerzas políticas para conseguir "el mayor grado de consenso posible" en torno a esta reforma, aplazada desde que en septiembre de 1996 se aparcaron los proyectos de ley de Secretos de Estado y del Cesid.

Frente a las peticiones de reestructuración de los servicios secretos y la acusación de que se mantiene a los mismos responsables que en la época de Emilio Alonso Manglano, Serra aseguró que han sido relevados dos tercios de los cuadros de mando desde que el PP llegó al poder. Fue ése el momento que aprovechó para anunciar el cese de "dos altos cargos" del Cesid, cuya identidad no quiso revelar, como consecuencia de las escuchas.

Se trataría de dos responsables de segundo nivel de la División Interior, de la que dependía la operación de Vitoria, a los que se responsabiliza de los fallos de seguridad que permitieron su descubrimiento. Fueron las únicas destituciones anunciadas ayer en el Congreso, ya que el ministro ni siquiera contestó a quienes le exigieron su dimisión y el relevo inmediato del director general del Cesid, Javier Calderón.

Serra anunció que el Gobierno defenderá "con todos los medios legales" a los agentes que puedan ser imputados en el proceso por las escuchas y colaborará con la justicia. "Sin renunciar al ejercicio de nuestras obligaciones y atribuciones", matizó, lo que sugiere que se acogerá a la ley de Secretos Oficiales. También desmintió que haya enfrentamientos en el Gobierno por el control del servicio secreto y aseguró que así podrá comprobarse cuando llegue al Congreso la ley del Cesid, lo que da a entender que dicho centro seguirá dependiendo de Defensa y no pasará a la Vicepresidencia, como se había dicho.