"La crispación alimentada por algunos medios ha llegado a niveles irresponsables"

A sus 60 años, cumplidos en febrero, Álvaro Rodríguez Bereijo, de Cedeira (A Coruña), casado y con dos hijas, apura los últimos días, tal vez semanas -él no quiere que sean meses-, de permanencia en el Tribunal Constitucional, al que se incorporó en 1989 y que preside desde abril de 1995. Procedente de la Universidad como catedrático de Derecho Financiero y Tributario, su estancia en el órgano máximo intérprete de la Constitución ha consolidado sus convicciones democráticas y ha impulsado su capacidad de análisis sobre los poderes del Estado y el papel de los medios de comunicación en una demo...

A sus 60 años, cumplidos en febrero, Álvaro Rodríguez Bereijo, de Cedeira (A Coruña), casado y con dos hijas, apura los últimos días, tal vez semanas -él no quiere que sean meses-, de permanencia en el Tribunal Constitucional, al que se incorporó en 1989 y que preside desde abril de 1995. Procedente de la Universidad como catedrático de Derecho Financiero y Tributario, su estancia en el órgano máximo intérprete de la Constitución ha consolidado sus convicciones democráticas y ha impulsado su capacidad de análisis sobre los poderes del Estado y el papel de los medios de comunicación en una democracia.Rodríguez Bereijo, en esta entrevista realizada antes de que se conociera el llamado plan Ardanza, se muestra muy crítico con el desorbitado poder de los jueces de instrucción, que entiende limitado por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cumplido ya, desde el 22 de febrero, el plazo para la renovación por el Senado de cuatro magistrados, entre ellos él mismo, apela al sentido de responsabilidad política de quienes tienen que negociar la renovación.

Pregunta. ¿Cómo se siente durante su primer mes de presidente en funciones?

Respuesta. Quisiera quitar dramatismo a esta situación del tribunal, que no es la primera ni será la última. No hay interinidad en la presidencia ni en el tribunal. Desde luego que es conveniente que estas situaciones no se prolonguen, porque es deseable que los grupos parlamentarios cumplan con sentido de Estado y dentro de los plazos el deber que la Constitución les ha impuesto. Pero hay que contemplar también que estos acuerdos políticos parlamentarios pasan por momentos de desacuerdo, que hay que superar con altura de miras y con el nivel de consenso que exige la Constitución. Ocurre también en otros países. Ahora mismo en Portugal. El retraso se ha producido con frecuencia en Alemania, y no digamos en Italia.

P. ¿Resulta afectada la asignación de ponencias y otros trabajos a magistrados pendientes de ser relevados?

R. ¡Para nada! Desde el punto de vista de la marcha del tribunal y el ritmo de trabajo, no se producen alteraciones importantes. Naturalmente, ésta es una situación que no se puede prolongar, pero el tribunal no se va a parar.

P. ¿Cómo ve el posible regreso al tribunal de un magistrado que ya formó parte del mismo?

R. La ley orgánica del Tribunal Constitucional fija unos límites precisos a la posibilidad de reelección. La impide al magistrado que ha ejercido en el periodo inmediato anterior, pero, aparte de eso, no hay impedimento legal para reelegir a un ex magistrado.

P. ¿Qué perfiles convendrían para los juristas llamados a sustituir a los cuatro magistrados que acaban su mandato?

R. Creo que en todas las renovaciones es muy importante atender al pluralismo no sólo ideológico y político, sino también al equilibrio entre las distintas sensibilidades, formaciones y especialidades del derecho. La combinación entre jueces, profesores y abogados es un gran acierto de la Constitución.

P. Se habla también de la presencia de una mujer.

R. Me parecería absolutamente conveniente que en el Tribunal Constitucional volviera a haber una mujer.

P. ¿Qué consejos daría para la elección de los nuevos presidente y vicepresidente?

R. Corresponde a los magistrados depositar su confianza en quienes crean idóneos para presidirles. No necesitan consejos.

P. ¿Cuántos recursos de amparo pendientes había cuando en 1995 se hizo cargo de la presidencia y cuántos quedan ahora?

R. En 1994 había pendientes 2.263, y ahora, 3.916. Si añadimos el resto de los asuntos, en 1994 había un total de 2.543 recursos pendientes, y ahora son 4.268. En 1997 entraron 700 asuntos nuevos más que en el año anterior, con una tasa de incremento tremenda.

P. ¿Son receptivos el Gobierno y las Cortes a la propuesta de reforma legal que hacen ustedes para reducir el número de casos que llegan al tribunal?

R. Sí, son sensibles. Yo nunca he encontrado incomprensión o resistencia.

P. ¿Y propuestas legislativas concretas?

R. Si efectivamente se reforma la ley orgánica para permitir que los municipios acudan al tribunal en defensa de su autonomía, debe aprovecharse para hacer retoques en los procesos constitucionales, sobre todo el recurso de amparo, para que el tribunal pueda hacer frente a esta avalancha y seleccionar mejor los asuntos que deben ser objeto del recurso de amparo. Hay que desarrollar el amparo ordinario del artículo 53.2 de la Constitución ["cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos" fundamentales "ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad"], de forma que exista un filtro previo a las demandas de amparo. El Tribunal Constitucional debe ser un remedio extraordinario, último y subsidiario, no el primero y el único frente a deficiencias judiciales que deben ser corregidas por los propios órganos del poder judicial.

P. Durante su mandato presidencial se ha producido un cambio de Gobierno. ¿Qué Ejecutivo cumple mejor la Constitución: el del PSOE o el del PP?

R. Sólo tengo que decir que la relación institucional ha sido siempre impecable y exquisita tanto con el anterior Gobierno como con el actual.

P. ¿A cuál se le han recurrido más decisiones o más leyes?

R. El hecho de que haya habido un incremento de recursos de inconstitucionalidad contra leyes, como lo ha habido en 1996, respecto al año anterior, responde a coyunturas políticas que no significan necesariamente que se produzcan mayores vulneraciones de la Constitución, al menos mientras que no haya sentencias.

P. ¿Qué opina de que un juez recabe de los médicos datos del historial clínico para investigar un delito de aborto?

R. No puedo contestar de manera muy directa.

P. No le va a tocar resolver el futuro recurso...

R. No, pero el hecho de que yo sea presidente del Tribunal Constitucional, e incluso cuando deje de serlo, me impone ciertas restricciones en la libertad de opinión. Sí puedo decirle que todas las facultades que tiene el instructor para la investigación de los delitos están limitadas por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese enorme poder que la sociedad confiere al juez para que, en aplicación de la ley, investigue y persiga la comisión de delitos, no es un poder ilimitado, sino enmarcado por los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas en la Constitución. Un juez instructor tiene que tener muy presente no extralimitarse en el ejercicio de sus potestades de investigación de un delito respecto de los derechos que él mismo tiene que proteger, porque su función judicial es doble. Como se ha dicho, impropia pero expresivamente, es un juez policía y de los derechos fundamentales. No debe olvidar esa doble función.

P. Cuando abandone el tribunal, ¿dejará usted una España más autonómica o más centralista que hace 10 años?

R. Yo creo que en España se ha producido un impulso autonómico muy fuerte y muy rápido en ese periodo. Ha habido un desarrollo del Estado de las autonomías muy profundo que se ha consolidado. Ese cambio político y constitucional es una realidad.

P. ¿Qué sentencia le deja más satisfecho y cuál le inquieta más?

R. Más satisfecho, la sentencia 128 de 1995, sobre los límites de la libertad provisional [puso en libertad a Carlos Sotos, ex gerente de una cooperativa vinculada a UGT, encarcelado por orden del juez Miguel Moreiras], y más insatisfecho, la que estimó constitucional el procedimiento abreviado.

P. A los 20 años de vigencia de la Constitución, ¿qué aspectos ve susceptibles de reforma?

R. No soy partidario de la reforma de la Constitución ni de los estatutos de autonomía, que son normas constitutivas de nuestra convivencia política. Y creo que debemos hacerlas resistentes al tiempo, entendiéndolas con un sentido de integración, de manera que no sea necesaria su reforma. Además, no advierto nada en la

estructura política alumbrada por la Constitución de 1978, ni siquiera en lo que se refiere a la definición del modelo de Estado y al reparto territorial del poder en el Título VIII que imponga necesariamente la reforma constitucional.

P. ¿Ni siquiera del Senado?

R. El Senado requiere tan sólo los retoques imprescindibles para que se cumpla lo que la Constitución ha querido: que sea una Cámara de representación territorial y no de segunda lectura, en lo que ha devenido. Si se puede hacer sin reformas constitucionales, sería mejor que abordando una reforma de la Constitución. Si es imprescindible un leve retoque en la Constitución para cumplir el propio mandato constitucional, ésa sería la reforma que yo apoyaría.

P. ¿Qué le parece el parón producido en el Senado en esa voluntad de reforma?

R. No tengo constancia ni conciencia de que haya un parón en ese propósito de reforma. Creo que la articulación del Senado como Cámara de las autonomías se producirá, aunque me parece bueno que se acometa sin apresuramientos y con el consenso que se tuvo cuando se hizo la Constitución.

P. ¿Cree que la muerte de Ramón Sampedro, cuyo recurso se encuentra pendiente, merece que el tribunal se pronuncie a fondo sobre la eutanasia, si alguno de los herederos del fallecido mantiene la petición de amparo?

R. No puedo contestar a eso. Como usted sabe, se interpuso en su día por el propio Sampedro un recurso de amparo que estaba pendiente cuando se produjo su muerte. El tribunal todavía no ha decidido sobre ese recurso y yo no puedo decirle nada más.

P. ¿Considera que el deber de vivir ha de prevalecer sobre la libertad de morir?

R. Es que no se trata del deber de vivir. Lo que la Constitución consagra es el derecho a vivir, que puede entrar en conflicto con otros derechos de libertad o bienes constitucionalmente protegidos. Ya se lo planteó el tribunal en el caso de la sentencia sobre la huelga de hambre de los presos del GRAPO [avaló la alimentación forzosa, para evitar que los presos murieran de hambre]. Es un tema exquisitamente constitucional, pero siempre difícil, porque en estos temas el derecho está profundamente penetrado por concepciones éticas y morales respecto a lo que es la libertad y la vida.

P. ¿Qué opina de la difusión del vídeo sobre la muerte de Sampedro?

R. Yo vi lo que emitió Antena 3 Televisión y me pareció respetuoso, e incluso tratado con extraordinario cuidado, para no herir la sensibilidad ni los valores morales no sólo del protagonista de la información, sino también de los espectadores de esas escenas, de una tremenda intensidad humana.

P. La sentencia sobre la sucesión nobiliaria parece a muchas personas discriminatoria para las mujeres. ¿No le preocupa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo corrija la interpretación que han hecho ustedes del derecho a la igualdad?

R. No me preocupa en absoluto, ni en ese caso ni en ningun otro, que una sentencia del Tribunal de Estrasburgo determine una condena del Reino de España. Ocurre con frecuencia en otros países.

P. Las noticias de una operación combinada de periodistas, políticos y financieros para desalojar del poder a los socialistas, ¿qué opinión le sugieren?

R. No quiero hacer ningún comentario sobre eso. Lo único que puedo decir es que en una democracia debe respetarse por encima de todo la voluntad popular. Los cauces democráticos para la renovación de la vida política son los que pasan por las elecciones generales y la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Todo lo que no sea respetar esa voluntad es subvertir de una manera o de otra el sistema democrático y sus valores.

P. ¿Qué juicio tiene sobre el papel de los medios de comunicación en relación con la política y la justicia?

R. Creo que en España los medios de comunicación deberían hacer una autocrítica respecto de su papel en la vida política. Hay un exagerado protagonismo de la prensa en lo que se refiere al respeto a la autonomía política de los órganos que en una democracia son los depositarios de la voluntad de los ciudadanos: las Cortes y el Gobierno que sale de la mayoría parlamentaria. En cambio, los medios de comunicación tuvieron en España un papel decisivo en los primeros años de democracia.

P. ¿Cuáles son las claves de ese cambio?

R. Durante la transición sirvieron de catalizador del impulso de libertad del pueblo español y contribuyeron positivamente al cambio político y a la forma en que se hizo ese cambio. Aquel espíritu de respeto al adversario se ha alterado demasiado desde hace algunos años. Se ha producido un cambio negativo. La vida política y el debate democrático se han adulterado en un clima que no es bueno para el sistema democrático. El clima de crispación, alimentado muchas veces artificialmente por los medios, ha llegado hasta niveles de irresponsabilidad que no están justificados por la realidad política, económica y social de una España en progreso, integrada en Europa y en el concierto mundial con peso y personalidad.

P. ¿Podría explicarse esa crispación alimentada por los medios por los casos de corrupción política y de guerra sucia?

R. Sí, eso ha influido. Y ha influido también una cierta idea, a mi modo de ver, nociva, de que no hay responsabilidad política hasta que un juez declara la existencia de una responsabilidad penal. La confusión del plano de la responsabilidad política y la penal declarada por un juez me parece una idea equivocada, porque son dos planos que hay que separar radical y profundamente.