El Ejército sólo necesita a uno de cada seis jóvenes que deben hacer la mili hasta el 2002
El servicio militar difícilmente durará hasta el año 2002, pero la mayor amenaza para el modelo no viene, en contra de las apariencias, del auge de la objeción, sino, todo lo contrario, del exceso de reclutas. El número de jóvenes que deben cumplir la mili durante los próximos cinco años, hasta su desaparición, asciende casi a cinco millones, pero las necesidades de las Fuerzas Armadas son muy inferiores, de solo 329.131 reclutas. Es decir, solo uno de cada seis jóvenes obligados a incorporarse a filas es necesario para satisfacer las necesidades militares en el periodo de transición.
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El servicio militar difícilmente durará hasta el año 2002, pero la mayor amenaza para el modelo no viene, en contra de las apariencias, del auge de la objeción, sino, todo lo contrario, del exceso de reclutas. El número de jóvenes que deben cumplir la mili durante los próximos cinco años, hasta su desaparición, asciende casi a cinco millones, pero las necesidades de las Fuerzas Armadas son muy inferiores, de solo 329.131 reclutas. Es decir, solo uno de cada seis jóvenes obligados a incorporarse a filas es necesario para satisfacer las necesidades militares en el periodo de transición.
En noviembre pasado, mediante un polémico sorteo, 16.442 jóvenes fueron eximidos de hacer la mili este año por excedente de cupo. En realidad, los reclutas sobrantes eran 30.000 más, pero el Ministerio de Defensa se reservó este colchón para prevenir posibles bajas. El exceso de cupo es consecuencia del aumento de soldados profesionales, que conlleva una reducción paralela de la necesidad de reclutas forzosos.A medida que avance la profesionalización, esta diferencia se irá ampliando: en 1999, serán 64.467 los excedentes; 82.395 en el 2000; 101.369 en el 2001 y 118.957 en el 2002.
El servicio militar obligatorio, que se justifica por su carácter universal, perderá toda legitimación a partir del 2000, cuando sean más los excedentes de cupo que los llamados a cumplir la mili. En el año 2002 la proporción resulta insostenible: sólo el 10% de los reclutas disponibles tendría que incorporarse a los cuarteles.
De hecho, sería posible suprimir ya el servicio militar obligatorio y disponer de reclutas hasta la profesionalización total de las Fuerzas Armadas, recurriendo sólo a quienes disfrutan de prórroga de incorporación a filas. Sería la solución más justa, pues estos jóvenes no podrían alegar discriminación, ya que sus compañeros de generación cumplieron con sus obligaciones militares.
El Gobierno no se decide a utilizar esta fórmula, aplicada en Francia, por temor a que se produzca un trasvase masivo hacia la objeción de conciencia de quienes disfrutan de prórroga, que en su mayoría son universitarios, el colectivo más propenso a esta opción.
A 1 de enero de este año, la bolsa de jóvenes en prórroga ascendía a 836.798, por lo que habría reclutas suficientes hasta el año 2002 aunque el 60% se declarasen objetores.
El Grupo Popular ha empezado, aunque tímidamente, a aplicar este sistema al proponer, en el borrador de dictamen de la Comisión Mixta Congreso Senado sobre Profesionalización de las Fuerzas Armadas, que, aunque el servicio militar acabe en el 2002, los jóvenes que cumplan 19 años en esa fecha no sean llamados a filas y las necesidades de ese último año se cubran con remanentes de reemplazos anteriores.
La comparación de las cifras de jóvenes disponibles con las de, necesidades de las Fuerzas Armadas revela que será casi inevitable adelantar esa fecha. Así lo admiten, incluso, algunos responsables de Defensa que, sin embargo, no quieren comprometerse a ello para no perder margen de maniobra.
El problema radica en que si la mayoría de los jóvenes obligados a cumplir el servicio militar optaran por hacerlo, provocarían un auténtico colapso en los ejércitos, que no disponen de puestos ni de medios suficientes para acogerlos a todos.
Cada año hasta el 2002 cumplirán la edad de 19 un máximo de 305.000 y un mínimo de 250.000 varones españoles que, una vez deducidos los exentos, suponen entre 280.000 y 220.000 anuales. A ellos hay que sumarles los más de 836.000 que el pasado 1 de enero disfrutaban de prórroga y restarles los 75.000 que deben incorporarse a lo largo de 1998. En total, 1.987.133 jóvenes.
Por el contrario, las Fuerzas Armadas sólo necesitarán 246.850 reclutas forzosos (un máximo de 89.340 en 1998 y un mínimo de 10.280 en el 2002). Esta cifra hay que dividirla entre tres y multiplicarla por cuatro, pues el servicio militar sólo dura nueve meses y los soldados son necesarios todo el año. Hacen falta, en consecuencia, 329.133 soldados. Sólo el 16,5% de los disponibles.
Este exceso de reclutas permite a Defensa asistir con tranquilidad al auge de la objeción de conciencia (casi 130.000 solicitudes en 1997), admitir la reducción de la prestación sustitutoria para equipararla a la mili o la supresión de las penas de cárcel para los insumisos.
Incluso se ha anunciado, tras el escándalo provocado por el sorteo de noviembre pasado, que en el futuro se liberarán los excedentes de cupo flexibilizando las condiciones para quedar exento y existe la tentación de actuar del mismo modo con las prórrogas.
Sin embargo, esta medida podría ser a medio plazo contraproducente y, sobre todo, injusta. La obtención de prórroga por estudios o la mera declaración como objetor de conciencia será equivalente en los últimos años de existencia del servicio militar a una licencia definitiva, pues no habrá tiempo ni posibilidad de incorporarlos a filas, por lo que se abre una vía para eludir el cumplimiento de dicha obligación.
Los tradicionales quintos de principios de siglo, llamados así porque sólo uno de cada cinco varones era llamado a filas, se transformarán en sextos cuando el siglo se acaba.
El sentimiento de discriminación de los últimos de la mili se ve agravado por el hecho de que hasta ahora, a juzgar por el ya citado borrador de dictamen de la comisión mixta, no se contemplan estímulos para incentivar el cumplimiento del servicio militar, como su reducción a seis meses o el pago de 30.000 pesetas mensuales, que sí figuraban en cambio en el programa electoral del PP.