Dos juzgados catalanes no acertaron a tramitar en tres años una separación
Los juzgados de primera instancia número 1 de Sabadell y de Lleida han estado tres años discutiendo a cuál de los dos correspondía tramitar una separación matrimonial. Al final decidieron acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ahora ha dictado una sentencia por la que pone fin al conflicto de competencias y critica duramente a las dos magistradas.El TSJC es contundente y no ahorra adjetivos para referirse a la "lamentable actuación de los juzgados", así como al "despropósito" que cometieron y a "los retrasos y equivocaciones mutuas". Por eso, la sentencia del TSJC -cuy...
Los juzgados de primera instancia número 1 de Sabadell y de Lleida han estado tres años discutiendo a cuál de los dos correspondía tramitar una separación matrimonial. Al final decidieron acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ahora ha dictado una sentencia por la que pone fin al conflicto de competencias y critica duramente a las dos magistradas.El TSJC es contundente y no ahorra adjetivos para referirse a la "lamentable actuación de los juzgados", así como al "despropósito" que cometieron y a "los retrasos y equivocaciones mutuas". Por eso, la sentencia del TSJC -cuyo ponente ha sido Antoni Bruguera- considera que la "flagrante evidencia" le obliga a dar cuenta de lo ocurrido a la Sala de gobierno del máximo órgano judicial de Cataluña para que analice si las jueces merecen una sanción.
Pese a todo y mucho antes de que los juzgados empezasen a discutir de derecho, la pareja resolvió de hecho la situación. En el mes de junio de 1993 se separaron y el padre, Mónico M.S. se quedó a vivir en Sabadell con el hijo de ambos. Ella, Francisca M. J. se quedó en Lleida en el piso que habían compartido durante un tiempo y que fue el último domicilio conyugal.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia deberá indemnizar a una mujer por la lentitud de un juzgado de Laredo (Cantabria) que retuvo 11 meses su separación. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone que sea el Estado quien satisfaga a la mujer, con carácter retroactivo, la pensión de 45.000 pesetas que su esposo debió pasarle.