El Defensor del Pueblo aborda "con toda urgencia" el 'caso Cañada Real'

El Defensor del Pueblo vuelve a tomar cartas en el asunto del asentamiento chabolista de Cañada Real, esta vez "con toda la urgencia que el tema merece". La institución ha tardado menos de 24 horas en hacerse con una copia del último informe del Consejo Europeo en el que se describen las condiciones "inconcebibles" de la vida junto al basurero. El edil de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), se apresuró ayer a explicar que ha encargado el desmantelamiento del poblado al Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginal.

Los chabolistas que viven en el núcleo de infraviviendas levanta...

El Defensor del Pueblo vuelve a tomar cartas en el asunto del asentamiento chabolista de Cañada Real, esta vez "con toda la urgencia que el tema merece". La institución ha tardado menos de 24 horas en hacerse con una copia del último informe del Consejo Europeo en el que se describen las condiciones "inconcebibles" de la vida junto al basurero. El edil de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), se apresuró ayer a explicar que ha encargado el desmantelamiento del poblado al Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginal.

Los chabolistas que viven en el núcleo de infraviviendas levantadas junto al vertedero de Valdemingómez serán realojados en breve, según Del Río, en distintas zonas de Madrid; una de ellas, Las Mimbreras. El Ayuntamiento ya propuso a los chabolistas traslado a esa zona en 1994, pero estos lo rechazaron.El alboroto municipal en torno a un asentamiento que lleva en pie 1.350 días -desde mayo de 1994- viene propiciado por el informe Rosenberg, un documento demoledor elaborado por el Consejo Europeo (organismo internacional que vela por el respeto a los derechos humanos). El texto denuncia la "intolerable" e "inconcebible" situación del poblado chabolista y aconseja al Ayuntamiento de Madrid que acometa cuanto antes el realojo de esa población en viviendas dignas para evitar "accidentes" de consecuencias políticas incalculables. Para financiar el realojo, el experto europeo Dominique Rosenberg, profesor de derecho público de una universidad francesa, sugería a la Casa de la Villa que solicitara ayuda económica a la Administración central y al Consejo de Europa.

"Escasa colaboración"

La Oficina del Defensor del Pueblo ya se ha agenciado una copia del documento y ayer trabajó todo el día en él. Un portavoz confirmó la determinación de ofrecer "una respuesta con la urgencia que el caso requiere".Llueve, en todo caso, sobre mojado. El defensor ya denunció en sus tres últimos informes anuales las malas condiciones de vida de estos chabolistas. El más reciente de todos ellos, remitido al Congreso de los Diputados en junio de 1997, es particularmente crítico con el ejecutivo de Álvarez del Manzano. En él se lamenta de la "escasa colaboración del Ayuntamiento de Madrid", al que responsabiliza de los escasos avances "en la búsqueda de una solución definitiva".

"Después de 21 meses desde la primera solicitud de información", agrega ese balance, "[el Ayuntamiento] se ha limitado a aportar un informe del Consorcio para el Realojo de la Población Marginal que no da respuesta a la cuestión planteada: la necesidad de eliminar el asentamiento por sus pésimas condiciones". El alcalde contestó a este informe hace sólo diez días, indicó una fuente municipal.

Ignacio Del Río aseguró ayer, sin embargo, que la administración local trabaja desde hace tiempo en el proyecto de realojo de los chabolistas legales. "El consorcio ha empezado a preparar el desmantelamiento del poblado y el realojo de aquellas familias que figuren dentro del censo que se hizo en su día", especificó.

Las Mimbreras, un poblado situado junto al aeródromo de Cuatro Vientos donde se levantan 40 casas prefabricadas y se están construyendo 72 viviendas de ladrillo, será uno de los núcleos que el Ayuntamiento utilizará para realojar a una parte de los actuales moradores de Cañada Real, según Del Río.

El tono de sus declaraciones contrasta con el de las del alcalde, José María Álvarez del Manzano, que el martes exclamó: "Cañada Real no es una cárcel. El Ayuntamiento no obliga a nadie a quedarse ahí. Se pueden ir mañana mismo". El gobierno municipal quiere zanjar uno de los problemas más graves de la población marginal. Fue el propio Ayuntamiento el que decidió trasladar a 22 familias del camino de los Toros (San Blas) a los terrenos junto al vertedero.