Cinco magistrados decidirán sobre la querella de Polanco contra Liaño
Cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidirán sobre la admisión a trámite de la querella por delitos de prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, presentada por el presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco; el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, y los consejeros Gregorio Marañón y Francisco Pérez González.
La Sala Segunda notificó ayer una resolución por la que, de acuerdo con el artículo 197 de la ley Orgánica del Poder Judicial, la sala de admisión de la querella estará integrada por cinco magistrados, en lugar de tre...
Cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidirán sobre la admisión a trámite de la querella por delitos de prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, presentada por el presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco; el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, y los consejeros Gregorio Marañón y Francisco Pérez González.
La Sala Segunda notificó ayer una resolución por la que, de acuerdo con el artículo 197 de la ley Orgánica del Poder Judicial, la sala de admisión de la querella estará integrada por cinco magistrados, en lugar de tres, como suele ser habitual. Los cinco magistrados que formarán la sala son: Ramón Montero, presidente; Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez-Pereda, ponente, que integraban la sala primitiva, a los que se han unido José Antonio Martín Pallín y Eduardo Móner.
La querella contra Gómez de Liaño lo fue como consecuencia de sus actuaciones en el caso Sogecable, del que fue instructor. Liaño prohibió a Polanco y Cebrián abandonar el territorio español, aunque argumentó que no vulneraba sus derechos constitucionales; declaró el secreto del sumario de forma pertinaz, incluso después de que la Sala le hubiera recriminado su actuación y le hubiera ordenado que lo levantase, e impuso a Polanco una fianza de 200 millones de pesetas, aunque ya disponía del informe de los peritos en el que quedaba claro que no existían delitos en la actuación de Sogecable.