El fiscal imputa un delito de cohecho al presidente y a un consejero de Melilla
El ministerio fiscal ha imputado al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el popular Ignacio Velázquez, un presunto delito de cohecho por la compra de la renuncia al acta del ex diputado Abdelmalik Tahar. Además de Velázquez, también ha imputado por los mismos hechos al consejero de Economía, Nicolás Sánchez; a Antonio Ramírez, jefe del gabinete de prensa, y a José Antonio Calderón, antiguo jefe de relacioes públicas. Estos dos últimos están adscritos al Gabinete de Presidencia.
La petición del fiscal se hizo pública ayer tras comparecer en el juzgado de Instrucción número 1 de M...
El ministerio fiscal ha imputado al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el popular Ignacio Velázquez, un presunto delito de cohecho por la compra de la renuncia al acta del ex diputado Abdelmalik Tahar. Además de Velázquez, también ha imputado por los mismos hechos al consejero de Economía, Nicolás Sánchez; a Antonio Ramírez, jefe del gabinete de prensa, y a José Antonio Calderón, antiguo jefe de relacioes públicas. Estos dos últimos están adscritos al Gabinete de Presidencia.
La petición del fiscal se hizo pública ayer tras comparecer en el juzgado de Instrucción número 1 de Melilla los imputados en el presunto soborno a Tahar. Según denunció en su día el diputado Enrique Palacios -que abandonó el PP junto a Tahar, pasando al Grupo Mixto y está personado en la causa como acusador particular- a su compañero le ofrecieron 50 millones de pesetas por renunciar a su escaño y conseguir así que el PP recuperase la mayoría absoluta en la Asamblea. EL PSOE de Melilla ha solicitado la inmediata dimisión de Velázquez tras su imputación.Los hechos fueron reconocidos en diciembre pasado por el propio Abdelmalik Tahar, que admitió ante el juez que le ofrecieron esa cantidad de dinero a cambio de su renuncia, aunque aseguró que sólo había recibido tres millones y medio de pesetas.
La misma imputación que se le ha hecho a Velázquez ha recaído sobre el inspector de la Policía Nacional Antonio Baena, quien fue designado para la custodia de Tahar y que es familiar del consejero de Economía. Según la declaración hecha en su día, Abdelmalik Tahar recibió coacciones de este funcionario para renunciar al acta de diputado. De acuerdo con el relato del fiscal, fue Baena el que, junto a Nicolás Sánchez y José Calderón, le entregó antes de salir de Melilla rumbo a Madrid 500.000 pesetas para sus primeros gastos.
El ministerio fiscal ha imputado asimismo por un presunto delito de cohecho a dos empresarios: Ahmed Ouaxani, quien junto con Antonio Ramírez dio a Abdelmalik Tahar tres millones de pesetas en Canarias contra la entrega de la escritura de renuncia al escaño, prometiéndole que posteriormente le entregarían los 47 millones restantes.
El otro empresario imputado es Antonio Arenas, representante de la empresa Coalca, en la que figuraba en nómina el ex diputado y de la que presuntamente cobraba sin ir a trabajar. El último imputado es el propio Abdelmalik Tahar, que denunció en su día estos hechos.
El ministerio fiscal describe que todos los imputados actuaron de común acuerdo y con la finalidad de que Tahar renunciara a su escaño en la Asamblea de Melilla. Mientras tanto, la defensa de los imputados ha solicitado el sobreseimiento del caso, aunque ahora será el juez quien decida si acepta esa petición o continúa con las investigaciones, tomando declaración a los implicados y analizando alguna de las cuarenta pruebas que han pedido entre el Fiscal y la acusación particular.
Abdelmalik Tahar abandonó el equipo de Gobierno del PP en febrero de 1997 y apoyó desde el Grupo Mixto la moción de censura fallida contra Ignacio Velázquez, tras lo cual se trasladó a Tenerife y, renunció a su acta de diputado, devolviendo la mayoría absoluta en la Asamblea al PP. Diez meses después de su huida, el ex diputado reconoció ante el juez que había recibido los tres millones y medio por renunciar a su acta, que cobraba un sueldo de una empresa tinerfeña en la que no trabajaba y que la ciudad autónoma le pagaba las facturas de su teléfono móvil y otros gastos personales.
Por su parte, Enrique Palacios declaró ayer que la decisión del fiscal de imputar al presidente de Melilla "aclara las cosas", y expresó su satisfacción a su salida del juzgado. Palacios indicó que la intervención del fiscal ha sido clarísima y contundente", y considera que a partir de ahora la querella que presentó en marzo del año pasado "empieza a tomar cuerpo".
Palacios confía en que el juez decida continuar con el caso a la vista de las acusaciones del fiscal y de la acusación particular, que también culpa a miembros del equipo de gobierno de varios delitos de malversación de fondos públicos, amenazas y coacciones.
El abogado defensor de Ignacio Velázquez, Pedro Luis Olivas, retó ayer a Tahar a demostrar "todas" sus acusaciones y presente pruebas, "aunque su testimonio no merece ninguna credibilidad". El letrado indicó que "aún no hay nada demostrado" y que todos sus defendidos -representa a ocho de los 10 que comparecieron ante el juez- están imputados "injustamente".
El abogado de Ignacio Velázquez añadió que "el fiscal se basa sólo en la declaración de Tahar porque no tiene más pruebas".