Editorial:

Escuchas para todos

EL ESTADO de derecho ha sufrido un retroceso en un país que, en razón de su pasado, debería cuidar con especial esmero las libertades y la preservación de la intimidad. Alemania ha dado un paso decisivo hacia un cierto Estado policial al aprobar la Cámara baja (Bundestag) una reforma de la Constitución y una ley que permitirán a las autoridades poner micrófonos y otras escuchas electrónicas en cualquier domicilio u oficina, con el objetivo de recabar información sobre criminales sospechosos. Este grave atentado contra las libertades, que pone en peligro una de las esencias de la democracia com...

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EL ESTADO de derecho ha sufrido un retroceso en un país que, en razón de su pasado, debería cuidar con especial esmero las libertades y la preservación de la intimidad. Alemania ha dado un paso decisivo hacia un cierto Estado policial al aprobar la Cámara baja (Bundestag) una reforma de la Constitución y una ley que permitirán a las autoridades poner micrófonos y otras escuchas electrónicas en cualquier domicilio u oficina, con el objetivo de recabar información sobre criminales sospechosos. Este grave atentado contra las libertades, que pone en peligro una de las esencias de la democracia como es el derecho a la intimidad, requería más de dos tercios de los votos, lo que ha sido posible gracias al acuerdo de la mayoría democristiana y liberal con la oposición socialdemócrata, aunque estos dos últimos partidos estén divididos al respecto.El objetivo declarado es la guerra contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero, unos fenómenos que crecen de la mano de la globalización financiera y del surgimiento de mafias salidas del derrumbe del Este tras la guerra fría. La medida resulta de dudosa eficacia, pues el crimen organizado -terrorismo o mafias- tiene otras vías de contacto y comunicación.

Aunque resulte comprensible la defensa frente a una corrupción que penetra en las entrañas del Estado democrático, es peor este tipo de remedio, del que sólo se libran los sacerdotes bajo secreto de confesión, los abogados en contacto con sus defendidos y los miembros de las Cámaras legislativas. Todos los demás y éstos mismos cuando realizan otras actividades, ciudadanos y profesionales -médicos, periodistas o asesores fiscales, por ejemplo-, podrán ser escuchados por la policía sin saberlo. Adiós a la intimidad. Adiós al secreto profesional.

La Constitución alemana, para evitar que volvieran a producirse este tipo de conductas tan habituales en el régimen nazi o en la Alemania comunista, las prohibió. Crecieron, sin embargo, en los años setenta, cuando las autoridades alemanas afrontaron una oleada terrorista. Ahora, de confirmar la Cámara territorial (Bundesrat) esta ley, cualquiera podrá ser escuchado con aparatos que han alcanzado un notable avance tecnológico. Bastará una sospecha "simple" de delito; es decir, menos de lo que se requiere para retirarle preventivamente el carné de conducir a un conductor borracho.

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La nueva Alemania, que tras su unificación ha ganado un nuevo y respetado peso en Europa, debería cuidar lo que pueden ser tentaciones que recuerdan un cierto pasado totalitario y no abren caminos ilusionantes para el futuro. Por si fuera poco, el Gobierno estudia la posibilidad de introducir también una ley para pagar a los informantes que delaten infracciones fiscales de sus conciudadanos. Por mucho que el Estado pierda 15 billones de pesetas al año en evasiones fiscales, no se puede justificar un sistema de delación universal, de tan pésima tradición en ese país, pues sobre él se apoyó el tenebroso régimen de la antigua República Democrática Alemana (RDA).

Verdes y poscomunistas no han sido los únicos que han votado en contra de la nueva ley. También se han abstenido varios socialdemócratas y liberales. Lo deseable sería que la ley se frustrase en el Bundesrat, dominado por los socialdemócratas, que en cinco Estados gobiernan en coalición con los verdes, lo que podría favorecer un voto contrario. En cualquier caso, el paso dado ha puesto en pie de guerra a casi todos los colegios profesionales de Alemania, que están dispuestos a acudir al Tribunal Constitucional si no se detiene el proyecto en el Bundesrat. Si por esa u otra vía no se consigue detener este peligroso tren que el Gobierno de Kohl ha puesto en marcha, todos los alemanes empezarán a trabajar y dormir menos tranquilos. Y con ellos, el resto de los europeos.

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