Las acusaciones del 'caso Banesto' rechazan la 'barra libre" de pruebas que pide la defensa

El Ministerio Fiscal y la mayoría de las acusaciones en el caso Banesto rechazaron ayer las declaraciones de personalidades, documentos y requerimientos a autoridades de dos continentes, propuestas por la defensa de Rafael Pérez Escolar, una batería orientada a convertir el proceso en el caso del Banco de España o el caso Santander, principal accionista de Banesto. Ayer, hubo la primera coincidencia entre acusaciones y defensas: la prescripción de uno de los dos presuntos delitos, el de estafa, por el que está acusado Ramiro Núñez, ex secretario del consejo del banco.

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El Ministerio Fiscal y la mayoría de las acusaciones en el caso Banesto rechazaron ayer las declaraciones de personalidades, documentos y requerimientos a autoridades de dos continentes, propuestas por la defensa de Rafael Pérez Escolar, una batería orientada a convertir el proceso en el caso del Banco de España o el caso Santander, principal accionista de Banesto. Ayer, hubo la primera coincidencia entre acusaciones y defensas: la prescripción de uno de los dos presuntos delitos, el de estafa, por el que está acusado Ramiro Núñez, ex secretario del consejo del banco.

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La defensa de Pérez Escolar ha solicitado al tribunal el "desfile" de múltiples personalidades por la sala de la Audiencia Nacional. Entre ellos, el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan Fernández-Armesto; su vicepresidente, Luis Ramallo; algunos banqueros de renombre como José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui; ex funcionarios, como Alfredo Pastor o empresarios, como Juan Miguel Villar Mir. También pidió requerimientos vía comisiones rogatorias a Estados Unidos y al Reino Unido, y la aportación de dictámenes como medio de prueba.Entre ellos está uno del jurista Carlos Sainz de Robles sobre los administradores de sociedades y el de Gerardo Ortega y Ramón Tamames sobre las operaciones de las que se acusa a Pérez Escolar. Entre la batería figura la petición de documentos sobre créditos morosos en Banesto y sobre la última recompra de un 3,2% del capital del banco por el Santander a J P Morgan. La defensa, de Pérez Escolar no ha fundamentado la razón por la que ha pedido las citadas pruebas, quizá al amparo del espíritu de amplitud con él que el tribunal ha acogido hasta ahora esas peticiones.

El fiscal Luis López Sanz se opuso a la mayoría de ellas por entender que si bien algunos podían ser utilizados por la parte como argumentos, carecían de valor probatorio. También añadió que eran supérfluos, ya que no tenían relación con las operaciones presuntamente criminales a debatir en el juicio y redundaban en la dilación del proceso. El abogado del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la mayoría de las acusaciones también rechazaron la solicitud.

Pérez Escolar volvió a tener ciertos aliados en el campo presuntamente enemigo, esto es, entre las acusaciones. La principal: la del letrado Manuel Murillo, que representa a la acusación de la Federación, de Banca de la Unión General de Trabajadores. Murillo consideró que las pruebas debían ser bienvenidas. "Naturalmente, estos señores de la gran banca tenían relación con estas personas que están en el banquillo, tenían negocios. No es necesario explicar por qué deben acudir".

La coordinación entre la defensa de Pérez Escolar y Murillo fue explicitada por el presidente del tribunal. Siro García interrumpió con fuerza al letrado:

-Esto se está acercando a un turno de réplica que puede ser utilizado por los letrados del señor Pérez Escolar...

Será, pues, el tribunal el que decida, en el momento de redactar su auto sobre las cuestiones previas, qué pruebas deben ser admitidas y cuáles rechazadas.

En la sesión de ayer tuvo lugar la primera coincidencia desde que comenzó el juicio oral. El abogado Hilario Fernández Marqués solicitó la aplicación del nuevo Código Penal, de 1995, para una de las operaciones por las que Banesto acusó -única parte que lo hizo- a Ramiro Núñez: la presunta estafa de locales comerciales. El letrado expuso que la prescipción por "encubrimiento", como calificó Banesto la participación de Núñez, es en el nuevo código de tres años, mientras que lo era de cinco anos en el código antiguo, que sirvió a la calificación de Banesto en mayo de 1996, cuatro años después de cometidos los hechos.Tanto el fiscal como el letrado de Banesto, José Antonio Jiménez, y las demás acusaciones admitieron que la prescripción, así planteada, era fundada. El fair play funcionó casi de forma inédita. Flores entre letrados de bandos opuestos. El tribunal expondrá en su auto la decisión. Hoy continuará la sesión con más cuestiones previas de los demás acusados.

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