El Banco Mundial concede un respiro a Rusia, con créditos por un importe de 240.000 millones
El Banco Mundial anunció ayer que su consejo de directores ha decidido conceder a Rusia dos créditos de 800 millones de dólares cada uno (240.000 millones de pesetas en total) para apoyar la reforma económica y la reestructuración de la minería del carbón. Aunque se desconocen los plazos de los préstamos, suponen una importante inyección económica y moral para un Estado amenazado por la bancarrota e incapaz de pagar su nómina.La noticia se esperaba. En ella confiaba el equipo económico presidido por el vicepresidente del Gobierno, Anatoli Chubáis, y el nuevo ministro de Finanzas, Mijaíl Zadorn...
El Banco Mundial anunció ayer que su consejo de directores ha decidido conceder a Rusia dos créditos de 800 millones de dólares cada uno (240.000 millones de pesetas en total) para apoyar la reforma económica y la reestructuración de la minería del carbón. Aunque se desconocen los plazos de los préstamos, suponen una importante inyección económica y moral para un Estado amenazado por la bancarrota e incapaz de pagar su nómina.La noticia se esperaba. En ella confiaba el equipo económico presidido por el vicepresidente del Gobierno, Anatoli Chubáis, y el nuevo ministro de Finanzas, Mijaíl Zadornov. Era uno de los motivos por los que se decidió aplazar, al menos hasta febrero, las negociaciones con varios bancos extranjeros sobre un crédito de 2.000 millones de dólares.
También se contaba con que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloquease un tramo de 700 millones de dólares del crédito de 10.000 millones, a tres años, que se va entregando según el grado de "normalización económica" de Rusia. La pasada semana, la misión que estudió en Moscú la marcha de las reformas se dio por satisfecha con la línea ortodoxa impuesta por el Gobierno y dio el visto bueno a esos 700 millones, que muy probablemente serán entregados a comienzos de enero, una vez que lo decida formalmente el consejo ejecutivo del fondo.
Tanto el Banco Mundial como el FMI han condicionado su ayuda al cumplimiento estricto por el Gobierno ruso de una serie de condiciones, enumeradas en cartas recientes al primer ministro, Víktor Chernomirdin, y que algunos medios de comunicación consideran una humiIlación, tanto por el tono de exigencia como por su contenido.
Alexandr Livshits, principal consejero económico del presidente Borís Yeltsin, ha llegado a declarar que ambos escritos revelan que las dos instituciones internacionales tenían información secreta a la que sólo tenía acceso un reducido número de altos funcionarios. "Si no se trata de un caso de telepatía", señaló, "es que la información ha debido llegar desde Moscú".
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El Diario Independiente, en la órbita del ex banquero y ex vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional Borís Berezovski, enemigo declarado de Chubáis, publicó incluso la copia de la carta a Chernomirdin de Michel Camdessus, director ejecutivo del FMI, en la que éste afirmaba que, si no se cumplen las condiciones del fondo, "será imposible llegar a la conclusión de que el Gobierno logró resolver la situación inestable, en la esfera de impuestos y presupuestos".El periódico, bajo el título ¿Necesita Rusia un Gobierno?, aseguraba: "Hay cierta gente en Washington que no sólo piensa que sabe lo que necesita este país, sino que también da instrucciones específicas". Chubáis, en línea con las exigencias del FMI y el Banco Mundial, decidió recientemente la confiscación y venta de activos de dos compañías petrolíferas (en una de las cuáles tiene intereses Berezovski) a causa de su práctica situación de quiebra y el impago de impuestos.
En lo que va de año, la recaudación fiscal apenas si supera el 50% de lo presupuestado, pero este mes parece ser una excepción. A pesar de ello, de la prometida inyección financiera exterior y de los ingresos por la reciente privatización de una empresa petrolera estatal, cuesta creer que para finales de año se pueda cumplir la promesa de Yeltsin, ratificada estos días por Chubáis, de que se pagarán todos los atrasos salariales que se deben a miles de empleados públicos.