CiU califica de "intervencionista" el proyecto de Ley de Contratación

El proyecto de Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, que hoy comenzará su tramitación en el Congreso, no sólo cuenta con las críticas de algunas asociaciones de jueces, consumidores y el PSOE, sino también de CiU. Los nacionalistas catalanes han presentado 53 enmiendas a ese proyecto de ley y mantienen importantes discrepancias con el texto remitido por el Gobierno, al que consideran "intervencionista".La iniciativa del Ministerio de Justicia persigue adaptar en España una directiva de la UE sobre protección de los consumidores y usuarios en los contratos que realizan, por ejemplo, ...

El proyecto de Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, que hoy comenzará su tramitación en el Congreso, no sólo cuenta con las críticas de algunas asociaciones de jueces, consumidores y el PSOE, sino también de CiU. Los nacionalistas catalanes han presentado 53 enmiendas a ese proyecto de ley y mantienen importantes discrepancias con el texto remitido por el Gobierno, al que consideran "intervencionista".La iniciativa del Ministerio de Justicia persigue adaptar en España una directiva de la UE sobre protección de los consumidores y usuarios en los contratos que realizan, por ejemplo, con compañías telefónicas o eléctricas. En él se recoge la creación de un nuevo registro de contrataciones que da un mayor control a los registradores de la propiedad.

El diputado de CiU, Ignasi Guardans, explicó ayer que las discrepancias con el proyecto se centran en el "excesivo poder" que se da a los registradores de la propiedad, ya que "nos parece discrecional, injustificado y además tampoco creemos que lo puedan ejercer". Esa "discrecionalidad" introduce, a juicio de Guardans, "una profunda inseguridad jurídica" y supone un claro "intervencionismo del Gobierno". CIU rechaza también que haya un solo registro centralizado en Madrid, algo que califican de "absurdo", y proponen que al menos haya uno en cada Tribunal Superior de Justicia.

Las críticas de CiU se añaden a las planteadas, por el Consejo de Estado, quien considera que esta futura norma limita los derechos de los consumidores, disminuye su protección y amplía las facultades de los registradores.