El Gobierno vasco pide al fiscal del Estado que desaloje el piso oficial de Bilbao
El Gobierno vasco ha dado un plazo al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, para que desaloje el piso oficial que su familia ocupa en el centro de Bilbao. El Ejecutivo autónomo, según fuentes de la consejería de Justicia, le ha trasladado un informe jurídico que le niega el derecho a seguir ocupando esta vivienda y le ha dado un plazo, que expira a mediados de diciembre, para que presente alegaciones o se mude.
Jesús Cardenal disfruta de dos viviendas oficiales, pagadas en ambos casos por la Administración: la que le corresponde en Madrid en virtud de su cargo actual, fiscal genera...
El Gobierno vasco ha dado un plazo al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, para que desaloje el piso oficial que su familia ocupa en el centro de Bilbao. El Ejecutivo autónomo, según fuentes de la consejería de Justicia, le ha trasladado un informe jurídico que le niega el derecho a seguir ocupando esta vivienda y le ha dado un plazo, que expira a mediados de diciembre, para que presente alegaciones o se mude.
Jesús Cardenal disfruta de dos viviendas oficiales, pagadas en ambos casos por la Administración: la que le corresponde en Madrid en virtud de su cargo actual, fiscal general del Estado, cuyos gastos paga el Ministerio de Justicia, y otra en pleno centro de Bilbao que el Gobierno de Vitoria, dueño de la misma, le cedió para su uso cuando en 1989 fue nombrado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.Cuando en 1988, el Ejecutivo vasco recibió la transferencia de Justicia, promulgó un decreto por el que tenían derecho a vivienda oficial los presidentes y fiscales jefes del Tribunal Superior de Justicia y de las tres audiencias provinciales mientras desempeñasen sus labores en la comunidad autónoma. Hasta ese momento residían, en viviendas que en algunos casos llegaban hasta los 400 metros cuadrados, dentro de los propios palacios de justicia. La necesidad de habilitar esos espacios para el funcionamiento de nuevos juzgados llevó al Ejecutivo autónomo a proporcionar a todos estos altos cargos pisos fuera de las instalaciones judiciales. De esa forma, cuando Cardenal fue designado fiscal jefe del máximo tribunal vasco, se le cedió un piso de unos 250 metros cuadrados situado en pleno corazón de Bilbao, del que disfrutó durante los ocho años que ejerció en Euskadi. El precio del metro cuadrado en esa zona de la capital vizcaína oscila entre las 325.000 y las 350.000 pesetas.
Cuando Cardenal fue designado en mayo Fiscal general del Estado, el Departamento de Justicia, que entonces dirigía el socialista Ramón Jáuregui, decidió aguardar unos meses a que se asentase en su nuevo cargo y nombrara sucesor en el Tribunal Superior, algo que sólo él mismo, como fiscal general, puede hacer. El miércoles, la diputada del PNV en el Congreso Margarita Uría se interesaba, durante la presentación de la Memoria Fiscal, por la renuencia de Cardenal a nombrar un sustituto para su cargo en Euskadi.
El propio fiscal general respondió allí, y dos días después en Bilbao, al anunciar que no va a nombrar a ningún sustituto para cubrir su vacante en el Tribunal Superior ya que él puede regresar en cualquier momento a su antiguo puesto. Su argumento es que su actual cargo al frente de la Fiscalía General del Estado se debe entender como prestación de servicios especiales y, por tanto, su permanencia en él depende de la temporalidad que quiera otorgarle la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ya que se trata de un nombramiento de confianza. A preguntas de este periódico, Cardenal negó mantener ninguna prerrogativa por su puesto en el País Vasco, aunque conserva la vivienda oficial.
El informe jurídico del Gobierno vasco razona que el disfrute de la vivienda de Cardenal en Bilbao está relacionado con el desempeño efectivo del cargo, algo que el Fiscal general del Estado no cumple, y defiende que el Departamento de Justicia dicte una resolución revocando el derecho a su uso. El texto concluye que la situación de servicios especiales en la que se encuentra sólo da derecho a mantener el puesto en el escalafón, la antigüedad y la posibilidad de participar en concursos de traslado. En ningún caso se cita el derecho a disfrutar de una vivienda oficial, máxime cuando su situación de fiscal general le proporciona ese mismo derecho en su destino en Madrid.