Por el buen camino
EL MINISTERIO del Interior y los partidos democráticos vascos parecen haber encontrado el cauce y el tono adecuados para debatir sobre la situación penitenciaria de los presos de ETA. Serán necesarios nuevos contactos para limar discrepancias que anoche se pusieron de manifiesto, pero la cena-reunión que celebraron ayer en Madrid con el ministro Jaime Mayor Oreja los miembros de la ponencia del Parlamento vasco -integrada por todos los grupos menos HB- indica un cambio sustancial en las actitudes que han venido manteniendo ambas instancias. Un cambio que se vio urgido por la sacudida de...
EL MINISTERIO del Interior y los partidos democráticos vascos parecen haber encontrado el cauce y el tono adecuados para debatir sobre la situación penitenciaria de los presos de ETA. Serán necesarios nuevos contactos para limar discrepancias que anoche se pusieron de manifiesto, pero la cena-reunión que celebraron ayer en Madrid con el ministro Jaime Mayor Oreja los miembros de la ponencia del Parlamento vasco -integrada por todos los grupos menos HB- indica un cambio sustancial en las actitudes que han venido manteniendo ambas instancias. Un cambio que se vio urgido por la sacudida de las conciencias que significó descubrir las condiciones de cautiverio que soportó durante año y medio Ortega Lara y el posterior secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Conviene tener presentes ambos acontecimientos para no volver a incurrir en los errores y despropósitos que han jalonado la discusión sobre los reclusos etarras.Pese a los desencuentros y agravios que han distanciado a Interior y a los partidos que han llevado la voz cantante en la ponencia de la Cámara vasca -PNV, EA e Izquierda Unida-, existe campo suficiente para armonizar posturas. En el terreno de los principios, las divergencias son pequeñas. Es compartida la convicción de que el alejamiento del País Vasco de los reclusos de ETA, que tuvo sentido cuando se aplicó, ha dejado ya de tenerlo. Tanto por consideraciones prácticas -la reinserción, que era el acompañamiento fundamental de la dispersión, quedó seriamente frenada en 1994- como humanitarias: el distanciamiento supone una penalización para las familias de los presos recluidos muy alejados del País Vasco. Aceptando que el acercamiento no significa "reagrupamiento", como pretenden ETA y HB, cabe conjugar el tratamiento individualizado que propugna, de acuerdo a la ley, el ministro Mayor Oreja con la adopción de movimientos significativos de aproximación, al ritmo que permita la capacidad física de las cárceles. Lo inadmisible es que sea el grupo político que arropa a los terroristas el que defina el calendario, y además, sarcasmo sobre sarcasmo, lo haga invocando el respeto a los derechos humanos.
La disposición del Gobierno vasco a negociar el traspaso a Euskadi de la gestión de las prisiones ubicadas en su territorio constituye otro factor que puede ayudar a encuadrar la cuestión. Lo urgente era sacarla de la dinámica de emplazamientos, desplantes y amenazas de recurrir a instancias europeas en que se ha movido durante mucho tiempo, y situarla en un escenario donde sea posible la colaboración desde el respeto a la legalidad y a las competencias respectivas.
Sobre este escenario ha irrumpido ETA con su comunicado en el que anuncia la "suspensión total" de los atentados en lo que llama el "frente de cárceles". Dado que la organización terrorista no explica las razones de esta iniciativa, hay que pensar que obedece a motivos internos, sobre los que resulta improductivo especular, y a su obsesiva voluntad de hacerse presente en los debates sociales para mediatizarlos. La reunión de los miembros de la ponencia con el ministro de Interior era una ocasión que no podía dejar pasar de largo, aunque sólo sea para mostrar a sus presos que realmente se interesa por su situación. En esta ocasión, la respuesta de los partidos democráticos ha sido inteligente, rehusando entrar en la lógica enloquecida de la banda y diciéndole que el único gesto que consideran satisfactorio es la declaración de una tregua indefinida.
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