El Supremo decide hoy si ingresan en prisión los condenados del 'caso Filesa'
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha citado para hoy a los procuradores del caso Filesa para notificarles la resolución sobre si se ejecuta la sentencia -y se procede al ingreso en prisión de los condenados en los próximos días- o si se espera a que finalice el plazo para recurrir al Constitucional y que éste se pronuncie sobre la admisión del recurso. Los abogados de varios de los sentenciados, entre ellos los del ex senador Josep Maria Sala y el del gestor de Filesa, Luis Oliveró, presentarán hoy escritos pidiendo que quede en suspenso la ejecución para no provocar a sus defendidos un "da...
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha citado para hoy a los procuradores del caso Filesa para notificarles la resolución sobre si se ejecuta la sentencia -y se procede al ingreso en prisión de los condenados en los próximos días- o si se espera a que finalice el plazo para recurrir al Constitucional y que éste se pronuncie sobre la admisión del recurso. Los abogados de varios de los sentenciados, entre ellos los del ex senador Josep Maria Sala y el del gestor de Filesa, Luis Oliveró, presentarán hoy escritos pidiendo que quede en suspenso la ejecución para no provocar a sus defendidos un "daño irreversible".
El abogado del ex senador Sala, José María Cánovas, presentará hoy un escrito a la Sala Segunda en el que afirma que la condena del senador se debe a un error judicial, dado que la sentencia le atribuye haber firmado un acta de una junta de accionistas en la que no consta la firma de Sala.Según fuentes próximas a Sala, la sentencia del caso Filesa basa la participación del senador en una "asociación ilícita" en la presencia de éste en una reunión de la junta general de accionistas de Time Export celebrada en 30 de septiembre de 1987 y muy especialmente, en la firma del acta de dicha reunión en la que se produce la organización societaria de la empresa. El abogado José María Cánovas aducirá ante el Supremo que Josep Maria Sala no firmó dicha acta, "como puede fácilmente comprobarse, ya que la mencionada acta consta en la documentación de la propia causa", informa Josep Maria Cortés.
La defensa de Sala esgrimirá la propia sentencia del Supremo que en diversos apartados menciona el escaso relieve y la participación de Josep Maria Sala en Time Export.
El abogado Pablo Jiménez de Parga, defensor de Luis Oliveró, presentará otro escrito pidiendo la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que el Constitucional se pronuncie definitivamente.
El defensor de Oliveró expone al tribunal que desde el mismo momento en que le fue notificada la sentencia está elaborado el recurso de amparo y el plazo de interposición finaliza el próximo 21 de noviembre. Jiménez de Parga señala que el Tribunal Constitucional exige "claridad y concisión" en la explicación de los hechos y que la propia sentencia del Supremo reconoce "la especial extensión y complejidad de la causa". Como ejemplo, cita al propio tribunal, que prorrogó el plazo para dictar sentencia "debido a la enorme extensión que tienen las actuaciones, concretamente cerca de 600.000 folios".
Jiménez de Parga recuerda que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que éste suspenderá la ejecución cuando se ocasione un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad". Según el letrado, si la Sala acuerda hoy la ejecución inmediata de la sentencia, "el amparo que vamos a reclamar habrá perdido ya, en el mejor de los casos, parte de su finalidad, pues mi representado sufrirá una privación de libertad que, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional acuerde la suspensión, habrá provocado un daño irreversible".
El letrado del gestor de Filesa como uno de los principales antecedentes de la propia Sala Segunda un auto dictado por su entonces presidente, Enrique Ruiz Vadillo -hoy magistrado del Tribunal Constitucional- en el que, en un caso similar al actual, el Supremo estimó procedente, "por razones de prudencia" suspender la ejecución de una sentencia de un año de cárcel contra el alcalde socialista de Melilla y senador Gonzalo Hernández en tanto el Tribunal Constitucional no resolviese sobre la suspensión.
"Al estar en juego un derecho fundamental tan esencial como la libertad personal, cuya privación supone en todo caso un daño irreparable, venimos a solicitar que, en este caso, la misma realice la misma ponderación que en la citada causa especial llevó a acordar la suspensión de la ejecución de la setencia", termina Jiménez de Parga.