Protección de Datos abre expediente sancionador contra el PP de Leganés
La Agencia de Protección de Datos ha iniciado un procedimiento sancionador contra el grupo municipal del Partido Popular en Leganés por el presunto uso irregular de informaciones personales de miles de vecinos del municipio extraídos del fichero informático del censo electoral. Estos datos, según la ley, sólo pueden ser utilizados en periodo de comicios y para fines electorales. La agencia deberá determinar ahora si el grupo de concejales usó este fichero para remitir cartas personalizadas a los vecinos fuera de los límites que marca la legislación.
A principios de este año, el PP r...
La Agencia de Protección de Datos ha iniciado un procedimiento sancionador contra el grupo municipal del Partido Popular en Leganés por el presunto uso irregular de informaciones personales de miles de vecinos del municipio extraídos del fichero informático del censo electoral. Estos datos, según la ley, sólo pueden ser utilizados en periodo de comicios y para fines electorales. La agencia deberá determinar ahora si el grupo de concejales usó este fichero para remitir cartas personalizadas a los vecinos fuera de los límites que marca la legislación.
A principios de este año, el PP remitió por correo una carta a los vecinos en la que les informaba de la puesta en funcionamiento de su propia Oficina de Atención al Ciudadano. El sobre llevaba como único remitente el escudo del Ayuntamiento, y las etiquetas en las que figuraban el nombre y el domicilio del destinatario habían sido impresas por sistemas automatizados.Días después, en el Ayuntamiento empezaron a recibirse quejas y cartas devueltas por Correos. Las sospechas se encaminaron en un primer momento a que pudiera existir algún fallo en el sistema de protección de los datos del padrón municipal y los censos impositivos.
"El PP me había pedido por escrito el acceso al padrón completo de los vecinos, pero se lo había denegado", señala el que por entonces era concejal de Régimen Interior, Rafael Gómez Montoya. Se abrió una investigación y los técnicos de la sección de estadística e informática fueron cotejando los datos y la configuración de las etiquetas con los diferentes censos.
El resultado fue negativo con el padrón general de habitantes. Lo mismo sucedió con los censos del IBI, el catastro o matriculación de vehículos. Al final saltó la liebre cuando los compararon con el fichero informático del censo electoral. Coincidían errores y configuración de los datos. El 7 de marzo, Gómez Montoya puso los hechos en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos. Instruyó la investigación la inspectora Mercedes Álvarez, quien el 22 de octubre pasado comunicó al Ayuntamiento la apertura del expediente sancionador al apreciar "presuntas irregularidades que pudieran infringir la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal".
Tranquilidad del PP
Pablo Abejas, portavoz del PP, manifestó ayer su tranquilidad ante este expediente. Según Abejas, su grupo no ha utilizado el fichero electoral para recopilar nombres y direcciones. "Este censo no sirve, porque no contiene ni el número de la calle, ni el piso, ni el código postal". Abejas asegura que los datos los extrajeron de la guía telefónica y los completaron con el padrón municipal. "La primera es de acceso público y al segundo tenemos acceso como concejales".Por su parte, el alcalde, el socialista José Luis Pérez Ráez, acusa al PP de tener un sentido patrimonialista y partidista de las instituciones. "Para hacer oposición no hay que llegar a extremos que provoquen alarma social".