El Gobierno francés presenta un proyecto para ampliar la independencia de la justicia

La ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, presentó ayer ante el Ejecutivo del socialista Lionel Jospin su proyecto de reforma de un sector cuya instrumentalización política viene siendo denunciada alternativamente, y según estén en la oposición o en el poder, por los Gobiernos conservadores o progresistas. De ahí que Guigou haya querido poner de relieve que pretende crear las condiciones para que sea posible "una justicia imparcia".La medida más renovadora de la reforma supone cortar el cordón umbilical que mantenía ligada la magistratura al ministerio. "Si un cuerpo social, como...

La ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, presentó ayer ante el Ejecutivo del socialista Lionel Jospin su proyecto de reforma de un sector cuya instrumentalización política viene siendo denunciada alternativamente, y según estén en la oposición o en el poder, por los Gobiernos conservadores o progresistas. De ahí que Guigou haya querido poner de relieve que pretende crear las condiciones para que sea posible "una justicia imparcia".La medida más renovadora de la reforma supone cortar el cordón umbilical que mantenía ligada la magistratura al ministerio. "Si un cuerpo social, como el de los magistrados, desea la independencia tiene también que aceptar su responsabilidad ante el resto de la sociedad", dice Guigou a guisa de introducción.

Si la reforma es aprobada por la Asamblea Nacional a principios de 1998, los jueces y fiscales dejarán de ser nombrados única y exclusivamente por el Gobierno. El Consejo Superior de la Magistratura, (CSM) podrá vetar tantos nombres como desee, aunque a partir de ahora el CSM "para evitar la tentación corporativista, dejará de estar integrado exclusivamente por magistrados. Es más, la mayoría de sus integrantes no lo serán".

Renunciar a instrumentalizar políticamente la fiscalía o la magistratura no significa que el Gobierno renuncie también a tener una política penal. Para ello, la ministra podrá pedir suplementos de información, presentar recursos o interesarse por los sumarios que son archivados misteriosamente. "El Estado representado por el Gobierno no puede abandonar sus responsabilidades cuando se producen incumplimientos graves y manifiestos de la política votada por el Parlamento".

Los jueces instructores, que en Francia han usado y abusado de la detención preventiva como método de presión sobre los inculpados o testigos, van a perder ese privilegio. "Hay que dar mayores garantías a los ciudadanos, reforzar la presunción de inocencia", dice Guigou. Sólo un juez distinto al instructor podrá decretar la conveniencia de enviar a la cárcel antes de juicio. Los casos de terrorismo o de crimen organizado seguirán bajo el antiguo régimen.

No habrá mordaza

La reforma, que también quiere acelerar y hacer más comprensibles los trámites legales, desarrollar la cooperación judicial europea y favorecer la llamada "justicia de proximidad", ha desestimado algunas de las conclusiones de la comisión Truche que, bajo el impulso del presidente Jacques Chirac, elaboró un informe en el que también aconsejaba perseguir a la prensa que desvelase datos considerados "secreto sumarial".Para la ministra francesa de Justicia, "hoy tenemos el peor de los sistemas: no puede decirse nada, pero todo se filtra a través de las distintas partes implicadas". El remedio no será pues la mordaza, sino mayores garantías de información "para una opinión pública que tiene derecho a saber, máxime en casos que afectan a personas que desempeñan funciones públicas o se benefician de una notoriedad particular", aconseja Guigou.