Una juez ratifica la paralización del trasvase Picadas-Toledo al ver indicios de criminalidad
El trasvase entre el embalse madrileño de Picadas y la provincia de Toledo ha sido paralizado en un punto muy distante de su rectilíneo trazado: el Juzgado número 2 de Navalcarnero. Su titular ha denegado, de forma cautelar y sin plazo, a la Confederación Hidrográfica del Tajo el permiso para reemprender las obras de construcción de la tubería, paralizadas por este mismo juzgado el pasado día 10. La juez ve en la ejecución de los trabajos "indicios racionales de criminalidad" y un "perjuicio para los sistemas naturales". La tubería atraviesa una zona de alto valor ecológico.
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El trasvase entre el embalse madrileño de Picadas y la provincia de Toledo ha sido paralizado en un punto muy distante de su rectilíneo trazado: el Juzgado número 2 de Navalcarnero. Su titular ha denegado, de forma cautelar y sin plazo, a la Confederación Hidrográfica del Tajo el permiso para reemprender las obras de construcción de la tubería, paralizadas por este mismo juzgado el pasado día 10. La juez ve en la ejecución de los trabajos "indicios racionales de criminalidad" y un "perjuicio para los sistemas naturales". La tubería atraviesa una zona de alto valor ecológico.
Las obras del trasvase paralizadas por la juez tienen una longitud de 22 kilómetros. Su presupuesto es de unos 8.000 millones de pesetas. El fin de esta enorme tubería es llevar agua desde el embalse madrileño de Picadas hasta la provincia de Toledo. Se calcula que el número de beneficiados rondaría las 200.000 personas.La Confederación Hidrográfica del Tajo presentó ayer un recurso contra la decisión judicial que impide que las obras de canalización sobrepasen el término municipal de Aldea del Fresno, donde los trabajos están detenidos. El presidente de la Confederación del Tajo, José Antonio Llanos, mostró ayer su "estupor" por el auto. "No lo entiendo. Las obras son fundamentales para poder asegurar el consumo de Toledo. No se trata de una obra ornamental, sino de urgencia. Es inconcebible", indicó.
Razones humanitarias
Por su parte, el director general de Obras Hidráulicas de Castilla-La Mancha, José Martínez Guijarro, mostró también ayer su preocupación. "Existirán razones jurídicas para parar las obras, pero también hubo razones humanitarias y sociales para emprenderlas. El abastecimiento de muchos miles de personas depende de ellas".Sin embargo, la juez señala en su auto que "se deducen la existencia de indicios racionales de criminalidad y el grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales". Y lo explica: "Las obras están provocando efectos muy negativos. Las comunidades vegetales existentes se ven afectadas directamente por la ocupación de terrenos (destrucción que ni siquiera aparece administrativamente autorizada), e indirectamente, a través del deterioro de otros componentes del ecosistema, como atmósfera, aguas, suelos... De la misma forma, y según toda la documentación aportada, la zona se ve gravemente amenazada por su destrucción y por la degradación de sus hábitats".
La Unión Europea declaró el área atravesada por la tubería Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Por tanto, se encuentra bajo tutela directa de las autoridades de Bruselas. Entre los encinares de esta parte de Madrid anidan especies protegidas, como el águila imperial, el lince, el buitre negro y una colonia de murciélagos (los conocidos como de oreja blanca o grandes de herradura), que están en peligro de extinción.
La juez añade al respecto: "La realización de las obras supone, por lo tanto, un impacto severo, tanto en áreas ocupadas por encinar, dehesas, mezcla de encinas, pinar y bosques de ribera como sobre la fauna, [donde se producen] repercusiones negativas de índole general y de un carácter irreversible". La juez termina su decisión: "En contra de lo que defendió el abogado del Estado en la comparecencia, no nos encontramos en ninguna situación de urgencia, dado el importante cambio que, en materia de recursos hidrológicos, han supuesto los años 1996 y 1997 en relación con los precedentes, y que motivaron la adopción de determinadas medidas urgentes".
La juez se refiere a que, a principios de los años noventa, el Gobierno decidió llevar a cabo las labores de construcción del trasvase por la gran sequía que azotó el centro de la Península. En 1995, el Ejecutivo declaró las obras de urgencia, por lo que no se requería un informe de impacto ambiental para determinar los daños que se podían ocasionar. Las obras comenzaron en 1996, uno de los años más lluviosos del siglo.
Llanos añadió ayer: "No hemos hecho ningún daño al medio ambiente. Esto es incomprensible. Hemos presentado un recurso contra la decisión judicial, porque creemos que el tema está mal enfocado desde el principio. No se han tenido en cuenta nuestras opiniones. No se ha hecho una interpretación real de los hechos". Llanos reconoce que las obras seguirán paralizadas hasta que el juzgado tome una decisión definitiva. "Y no sé qué va a pasar entonces", concluye.