El Estado italiano dejará de pagar a los arrepentidos de la Mafia
El Gobierno italiano no está dispuesto a seguir manteniendo a los arrepentidos de la Mafia, cuya aportación al desmantelamiento de la poderosa organización criminal está cada vez menos clara. Una nueva ley que perfila en estos momentos la Comisión de Justicia del Senado italiano propone que los propios arrepentidos corran con los gastos derivados de su protección.Con una nómina de 1.060 colaboradores de la justicia, la mayoría de ellos con familia, lo que eleva la cifra total de personas bajo protección a más de 6.000, el Estado italiano parece haber tocado techo. Sufragar los alquileres de ca...
El Gobierno italiano no está dispuesto a seguir manteniendo a los arrepentidos de la Mafia, cuya aportación al desmantelamiento de la poderosa organización criminal está cada vez menos clara. Una nueva ley que perfila en estos momentos la Comisión de Justicia del Senado italiano propone que los propios arrepentidos corran con los gastos derivados de su protección.Con una nómina de 1.060 colaboradores de la justicia, la mayoría de ellos con familia, lo que eleva la cifra total de personas bajo protección a más de 6.000, el Estado italiano parece haber tocado techo. Sufragar los alquileres de casas, los colegios de los hijos, las nuevas identidades y nuevas actividades de los arrepentidos arroja una factura de unos 10.000 millones de pesetas al año.¿Y todo eso para qué? Se queja la clase política italiana, particularmente la derecha, la más afectada por procesos en curso o denuncias sin probar de los arrepentidos. La última de las cuales trazaba una conexión entre el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, el atentado en Florencia en 1993 y una supuesta petición de suprimir al ex magistrado Antonio Di Pietro.
Si la ley sale adelante -y la unanimidad es total en el capítulo de gastos-, los arrepentidos estarán obligados a declarar el monto total de los bienes acumulados en su actividad ilegal en el plazo de seis meses desde el comienzo de su colaboración con la justicia. El Estado pagará únicamente las facturas de aquellos que carezcan de medios propios y lo hará con cargo a un fondo de solidaridad creado con dinero requisado a delincuentes y mafiosos.
La nueva legislación, que contempla incluso la modificación del artículo 192 del Código Penal que da valor de prueba a las declaraciones coincidentes de dos o más arrepentidos, es una respuesta al desprestigio sufrido en los últimos años por la figura del arrepentido. Desde que el capo Tommaso Buscetta ofreciera su colaboración a la justicia hace 13 años, la cifra de desertores de la Mafia ha aumentado espectacularmente sin que tal cantidad haya tenido un reflejo en la calidad de la información ofrecida.
Algunos escándalos particulares han contribuido en los últimos tiempos a elevar la temperatura anti arrepentido en la sociedad italiana. En, otoño pasado, por ejemplo, Baldasarre Di Maggio, el hombre que denunció al capo de Cosa Nostra Totó Riina, y uno de los que afirman haber sido testigos de un cariñoso encuentro entre Riina y el ex primer ministro Giulio Andreotti, reconoció haber recibido 50 millones de pesetas del Estado: por sus servicios. Di Maggio, se negó a testificar en cambio en el juicio sobre el atentado que costó la vida al juez Giovanni Falcone. Este verano, dos arrepentidos de escaso relieve advirtieron que no mantendrían en el juicio declaraciones hechas durante la investigación judicial. La nueva ley ha encontrado, no obstante, enorme resistencia entre los fiscales que investigan a la Mafia. Para Antonio Ingroia, fiscal sustituto de Palermo, la modificación del artículo 192 del Código Penal entrañaría un error garrafal.