El presidente de Air France dimite por desacuerdo sobre el plan de privatización
El presidente de Air France, Christian Blanc, anunció ayer su dimisión por el rechazo del Gobierno socialista de Lionel Jospin a aceptar sus planes de privatización. El Ejecutivo defiende una venta limitada de las empresas públicas y quiere que "el Estado disponga de medios financieros y jurídicos para conservar dentro de la empresa la autoridad y el poder necesarios en interés del país". Blanc quería una venta mayoritaria.
Esa privatización limitada se inicia con France Télécom que va a sacar a Bolsa un 30% de su capital, según informaron ayer los dirigentes sindicales de la empresa tr...
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El presidente de Air France, Christian Blanc, anunció ayer su dimisión por el rechazo del Gobierno socialista de Lionel Jospin a aceptar sus planes de privatización. El Ejecutivo defiende una venta limitada de las empresas públicas y quiere que "el Estado disponga de medios financieros y jurídicos para conservar dentro de la empresa la autoridad y el poder necesarios en interés del país". Blanc quería una venta mayoritaria.
Esa privatización limitada se inicia con France Télécom que va a sacar a Bolsa un 30% de su capital, según informaron ayer los dirigentes sindicales de la empresa tras una reunión de CGT y el responsable de la Comisión que estudia el futuro de la empresa, Michel Delebarre. Asimismo un 3% del capital será para los asalariados y otra parte se intercambiará con Deutsche Telekom. Ahora se tiene que despejar qué se va a hacer con otras empresas públicas, entre ellas la aseguradora GAN, el grupo financiero CIC, Air France, el número 1 europeo en electrónica militar que es Thomson-CSF, el gigante Aerospatiale, e incluso la SNCF (la Renfe francesa).En el caso de Air France, tras cuatro años al frente de la compañía de bandera francesa, a la que salvó de la quiebra y obtuvo en 1996 beneficios por primera vez desde 1989, su presidente anunció ayer su dimisión por el rechazo del gobierno socialista de Lionel Jospin a aprobar su proyecto de privatización.
La renuncia quedó materializada al día siguiente de que Jospin recibiera inesperadamente durante dos horas al ejecutivo y tratase de convencerle de que siguiera al frente de la compañía, que ocupa el octavo lugar entre las más grandes del mundo.
Christian Blanc, un brillante gestor de 55 años próximo al ex-primer ministro socialista Michel Rocard, advirtió días atrás que la única forma de garantizar el futuro de la empresa dependía de la apertura del capital al sector privado, que facilitaría la conclusión de alianzas con otras compañías aéreas.
Los planes del presidente ejecutivo de Air France, asumidos por el anterior gobierno conservador de Alain Juppé, han chocado frontalmente con el actual titular de Transportes, uno de los dos ministros comunistas, quien ha señalado que el programa electoral de la izquierda anticipaba el fin de las privatizaciones en Francia.
Al explicar las razones de su dimisión, Blanc señaló en un comunicado que "el accionista [el Estado] goza del absoluto derecho de considerar que Air France pueda seguir siendo la última gran compañía occidental mayoritariamente pública".
Asimismo, Christian Blanc lamentó el rechazo oficial a su primera propuesta de "privatización social, con un accionariado masivo entre sus empleados" y a una segunda, consistente en una apertura al sector privado del 49% de capital como paso previo a la privatización.
Desde la oposición conservadora, el neogaullista Reagrupamiento para la República (RPR) emitió un comunicado en el que reprocha al gobierno "dar preminencia a la ideología sobre el sentido común" y el líder liberal Alain Madelin adjudicó al ministro de Transportes la pretensión de "resucitar Aeroflot", en irónica alusión a la compañía aérea creada en la extinta Unión Soviética.
La compañía cuenta con 40.000 empleados y es propiedad en un 90,12% del Estado. Sus previsiones indican para este año unos beneficios netos de 1.000 millones de francos (unos 25.000 millones de pesetas). Sin embargo, la negativa del Gobierno a privatizar, puede suscitar un conflicto con la Comisión Europea, que autorizó en julio de 1994 la aportación de 20.000 millones de francos (unos 500.000 millones de pesetas) del Estado a la empresa pública, con el compromiso del Gobierno de Balladur de privatizarla.