Otra advertencia

UNA VEZ más, la Comisión Europea tiene que intervenir, entre sorprendida y alarmada, para advertir a España que en la Unión Europea hay que respetar las reglas y que no se admiten los desafueros. El motivo también se repite: la televisión digital y los derechos del fútbol televisado, un sector en el que el Gobierno de José María Aznar ha dado rienda suelta a la arbitrariedad.Ayer, el director de la Competencia de la Comisión Europea, John Temple-Lang, del departamento que dirige el comisario Karel van Miert, advirtió a Telefónica que no permitirá que tome el control de Antena 3 ni que Audiovis...

UNA VEZ más, la Comisión Europea tiene que intervenir, entre sorprendida y alarmada, para advertir a España que en la Unión Europea hay que respetar las reglas y que no se admiten los desafueros. El motivo también se repite: la televisión digital y los derechos del fútbol televisado, un sector en el que el Gobierno de José María Aznar ha dado rienda suelta a la arbitrariedad.Ayer, el director de la Competencia de la Comisión Europea, John Temple-Lang, del departamento que dirige el comisario Karel van Miert, advirtió a Telefónica que no permitirá que tome el control de Antena 3 ni que Audiovisual Sport venda a la plataforma gubernamental Vía Digital los derechos de las retransmisiones de fútbol de pago por visión, tal y como había anunciado que haría la compañía presidida por Juan Villalonga en las juntas de accionistas de Antena 3TV y Audiovisual Sport, previstas para el día 18 de agosto.

En un tono claramente conminatorio, la Comisión Europea advierte que "no aceptaría verse enfrentada a un hecho consumado". Rechaza con rotundidad la posibilidad de que Telefónica pretenda hacer alegaciones al respecto ante la Comisión en fechas posteriores, y advierte que la Comisión anulará las acciones que puedan tomarse en este sentido en las citadas juntas de accionistas o posteriormente. Exige también que esta información sea transmitida antes de las cinco de la tarde de hoy a todos los miembros del Consejo de Administración y accionistas de Audiovisual Sport y Antena 3 TV, incluidos los bancos BCH y Santander, que han adquirido importantes paquetes en la operación dirigida por Telefónica; finalmente, conmina a Antena 3 y a Audiovisual Sport a comunicar "inmediatamente" a la Comisión cualquier acuerdo que puedan pretender adoptar sus consejos de administración y juntas de accionistas.

Tanta rotundidad sólo se entiende por la gravedad de los hechos denunciados. Bruselas ha percibido con claridad que la toma de Antena 3 por Telefónica tiene aspectos que afectan a la libre competencia, y así se lo ha hecho saber a las compañías implicadas. Telefónica tiene que frenar sus ímpetus, tan aplaudidos y secundados desde el Ministerio de Fomento, avalista de lujo en la autorización de la compra-venta.

Que el asalto a Antena 3 cuenta con el impulso del Gobierno ha quedado ya más que demostrado y apenas hay que repetir los argumentos. También resulta evidente para cualquier observador imparcial que la operación de Telefónica significa una clara distorsión del mercado audiovisual español, con desprecio manifiesto del libre juego empresarial. Basta seguir la cadena de acciones emprendidas por este Gobierno en el hostigamiento al Grupo PRISA, desde la ley digital a la ley del fútbol, y concluyendo con el favor del gran amigo Villalonga para intervenir en el mercado de los derechos de la Liga.

A la obcecación del Gobierno de Aznar ya ha respondido la Comisión Europea en una ocasión con extremada dureza: la llamada ley digital, que quería impedir a Canal Satélite Digital la utilización de un descodificador perfectamente homologado en Europa, en beneficio de su propio proyecto. A este mismo fin se aplicó la ley de fútbol, con ánimo confiscatorio para dotar a su protegida, Vía Digital, de alguna posibilidad de competir en el mercado; se suplantaba incapacidad por decretos del Boletín Oficial del Estado.

Y a la última operación promovida desde La Moncloa llega ahora, también, la respuesta de Bruselas. Hasta el momento, la réplica del Gobierno, a través de la torpeza del ministro de Fomento, ha sido la de no escuchar y lanzar un envite mayor. ¿Sería posible que en este caso, y por una vez, se olvidara la prepotencia y se escuchara a Bruselas? ¿Es mucho pedir al Gobierno que atienda las razones de la Unión Europea, marco obligado en el que ha de moverse nuestro país?