Fomento dice ahora que el visto bueno a la venta de Antena 3 fue solo una "autorización previa"

Después de tres días de silencio, el Ministerio de Fomento intentó aclarar ayer, mediante un comunicado, el papel que ha jugado en la operación de compra del 43,7% de Antena 3 por telefónica, el Santander y el BCH. El comunicado admite explícitamente que la preceptiva aprobación de Fomento se basó "exclusivamente" en los datos aportados por las empresas, sin más comprobaciones. Sobre el extremo más polémico -el hecho de que el ministerio autorizara la venta el día 24 de julio, mientras se discutían los términos del acuerdo- el comunicado se limita a señalar que se ha cumplido "rigurosamente" l...

Después de tres días de silencio, el Ministerio de Fomento intentó aclarar ayer, mediante un comunicado, el papel que ha jugado en la operación de compra del 43,7% de Antena 3 por telefónica, el Santander y el BCH. El comunicado admite explícitamente que la preceptiva aprobación de Fomento se basó "exclusivamente" en los datos aportados por las empresas, sin más comprobaciones. Sobre el extremo más polémico -el hecho de que el ministerio autorizara la venta el día 24 de julio, mientras se discutían los términos del acuerdo- el comunicado se limita a señalar que se ha cumplido "rigurosamente" la ley.

De la lectura del comunicado se desprende que el Ministerio de Fomento, en contra de lo habitual en este tipo de operaciones, concedió en un tiempo récord la aprobación de la venta del 43,7% de las acciones de Antena 3 por 64.500 millones -de hecho, antes de que concluyeran las negociaciones sobre la operación-. Fomento quiere ahora confundir los términos "autorización previa", necesaria antes de cualquier firma definitiva, con el hecho de que la venta se estaba negociando en ese momento.La razón de tal celeridad, según el departamento que dirige Arias Salgado, fue simple: se autorizó "a la vista de que la participación de las sociedades adquirentes de las acciones de Antena 3 de Televisión SA, no superaba el 25% del capital de ésta, las acciones de todas ellas eran nominativas y se reunían las demás condiciones establecidas en la Ley de Televisión privada". La cuestión que no contesta Fomento es ¿cómo podía saber el ministerio los porcentajes de acciones vendidos o comprados si en el momento que autoriza la operación, ésta se estaba negociando?

A este respecto, la nota sólo asegura que en el proceso, el ministerio conoció "exclusivamente los datos aportados por las empresas solicitantes de la autorización, con el sólo fin de saber si procedía su otorgamiento". En otras palabras, a pesar de la trascendencia de la operación, de la cuantía de la misma y de las dudas razonables sobre quién ostentaba realmente la propiedad de las acciones que cambiaban de manos, Fomento admitió rápida mente corno válidos los datos aportados por los protagonistas de la compra-venta.

Un nuevo lenguaje

Pero todo ello, según la tesis que maneja ahora el Ministerio de Fomento, no es trascendente ya que lo concedido a Telefónica, al Banco Santander y al BCH, es "una autorización previa [de compra]" y no "una aprobación de una operación ya realizada".Este nuevo lenguaje choca con las expresiones contenidas en el polémico documento de la Secretaría General de Comunicaciones del 1 de agosto que denegó la personación de PRISA en el procedimiento de autorización "ya que éste está concluido al haber sido objeto de resolución de fecha 24 de julio de 1997" (ver EL PAÍS del día 8 de agosto). Lo que estaba "concluido" el día 1 de agosto se ha transformado, según Fomento, en un simple paso intermedio, obligado por ley y aún no cerrado.

En el comunicado de ayer, Fomento introduce alguna cautela: "Si la operación de transmisión [de acciones] tuviese, además, una trascendencia distinta, ajena a la derivada de la Ley de Televisiones Privadas, no será al Ministerio de Fomento al que corresponda realizar su aprobación. Serán las entidades que intervienen en la compraventa las que habrán de instar ante los órganos competentes, el cumplimiento de los oportunos trámites".

Tanta celeridad en la compraventa de Antena 3 provocó incluso errores en las comunicaciones enviadas por los dos bancos que participaron en la operación (Santander y BCH) a la Comisión del Mercado de Valores. El Santander, por ejemplo, erró en el precio que había pagado por las acciones (primero comunicó a la Comisión 10.700 millones de pesetas y luego 12.032 millones), mientras que el Banco Central Hispano se equivocó en el porcentaje que controlaba tras la adquisición, ya que comunicó un 21,35%, lo que sólo era posible si a sus propias acciones sumaba la participación en Antena 3 Televisión de la compañía eléctrica Endesa: el 4%.