El Gobierno anuncia una nueva ley de objeción de conciencia
El director general de Objeción de Conciencia, Carlos Lesmes, adelantó ayer a Efe que la aprobación de una nueva Ley de Objeción de Conciencia, por iniciativa del grupo parlamentario de CiU, está prevista para "después del verano". En ella, dijo, "se fijarán plazos concretos de incorporación a la prestación social sustitutoria" del servicio militar.En cuanto a la información publicada ayer por EL PAÍS sobre la sistemática absolución por los jueces de los objetores que se niegan a realizar la prestación social sustitutoria cuando son llamados fuera de plazo, Lesmes dijo que la nueva ley "contri...
El director general de Objeción de Conciencia, Carlos Lesmes, adelantó ayer a Efe que la aprobación de una nueva Ley de Objeción de Conciencia, por iniciativa del grupo parlamentario de CiU, está prevista para "después del verano". En ella, dijo, "se fijarán plazos concretos de incorporación a la prestación social sustitutoria" del servicio militar.En cuanto a la información publicada ayer por EL PAÍS sobre la sistemática absolución por los jueces de los objetores que se niegan a realizar la prestación social sustitutoria cuando son llamados fuera de plazo, Lesmes dijo que la nueva ley "contribuirá a despejar dudas e incrementar la seguridad jurídica en esta cuestión".
Recordó además que, al incorporarse a su puesto en mayo del año pasado, encontró "una serie de deficiencias, como la existencia entonces de una bolsa de 130.000 objetores pendientes de realizar la prestación". Añadió que entonces el Ministerio de Justicia intentó solucionarlo aprobación en julio de 1996, de un plan de choque para la normalización de la prestación social sustitutoria. "Un año después", dijo, han sido llamados "91.788 objetores de conciencia, lo que supone casi el doble de los llamados en 1995 (50.482)".
Lesmes aseguró también que las sentencias a las que se refiere la información publicada el miércoles "se fundamentan en el Reglamento de l988" y afirmó que éste "tuvo que ser derogado en febrero de 1995 por el propio Gobierno socialista ante su incapacidad para cumplir los plazos en aquel momento, y que por lo tanto no se encuentra ya en vigor".