La asociación 'okupa' debe 17 millones al Ivima por impago de alquileres, dice Cortés

No es la primera vez que la asociación de vecinos de Carabanchel Bajo tiene problemas con la Comunidad. El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, aseguró que deben 17 millones de pesetas al Ivima por el impago del alquiler de ocho locales y tres plazas de garaje que les fueron adjudicadas en su día."Resulta intolerable la postura de esta agrupación, teniendo en cuenta que goza de todas las ventajas que la ley confiere a este tipo de asociaciones". Cortés, que recordó los bajos alquileres que paga la asociación por los locales que ocupa, criticó su actitud "atípica, insolidaria e ina...

No es la primera vez que la asociación de vecinos de Carabanchel Bajo tiene problemas con la Comunidad. El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, aseguró que deben 17 millones de pesetas al Ivima por el impago del alquiler de ocho locales y tres plazas de garaje que les fueron adjudicadas en su día."Resulta intolerable la postura de esta agrupación, teniendo en cuenta que goza de todas las ventajas que la ley confiere a este tipo de asociaciones". Cortés, que recordó los bajos alquileres que paga la asociación por los locales que ocupa, criticó su actitud "atípica, insolidaria e inaceptable". El consejero se mostró especialmente duro con la presidenta de los vecinos de Carabanchel Bajo, Julia García. "Ya hubo problemas en la legislatura anterior", apuntó. Cortés. Y fue más allá: "Esta mujer quiere que su dedo sea el que adjudique los pisos a quien ella quiera". La acusó de promover un "allanamiento de morada" e insistió en que la Comunidad de Madrid "aplicará la ley e incluso irá al desahucio si fuera preciso".

El propio presidente de la Comunidad, Alberto, Ruiz-Gallardón, anunció el jueves que exigirá responsabilidades, y acusó a los vecinos de "allanamiento" por ocupar los pisos.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) también se sumó a las críticas contra los vecinos de Carabanchel Bajo. La federación les pidió reconsiderar su actitud y buscar una negociación, o bien a recurrir a medidas legales si creen que el Ivima incurrió en fraude. La FRAVM apuntó que los desacuerdos en las adjudicaciones "deben resolverse con métodos que excluyan la okupación".