Los peajes del túnel de Gabriel Cañellas

"¿Es para EL PAÍS esta foto? Entonces pondré cara de corrupción o me colocaré de perfil". En mayo de f995, cuando era presidente de Baleares y del Partido Popular (PP) del archipiélago, Gabriel Cañellas aludía así las informaciones sobre sus escándalos. Dos meses después, tras haber ganado las elecciones por cuarta vez en 12 años, José María Aznar le obligó a dimitir. Un juez había documentado un episodio oscuro de las finanzas del PP, vinculado a los supuestos abusos del sistema de poder conservador: el cobro de comisiones a cambio de una concesión injusta, el túnel de peaje de Sóller. Por aq...

"¿Es para EL PAÍS esta foto? Entonces pondré cara de corrupción o me colocaré de perfil". En mayo de f995, cuando era presidente de Baleares y del Partido Popular (PP) del archipiélago, Gabriel Cañellas aludía así las informaciones sobre sus escándalos. Dos meses después, tras haber ganado las elecciones por cuarta vez en 12 años, José María Aznar le obligó a dimitir. Un juez había documentado un episodio oscuro de las finanzas del PP, vinculado a los supuestos abusos del sistema de poder conservador: el cobro de comisiones a cambio de una concesión injusta, el túnel de peaje de Sóller. Por aquella causa, hoy el Tribunal Superior de Baleares comienza a juzgar a Cañellas y a dos de sus ex consejeros, acusados de prevaricación y cohecho. La fiscalía anticorrupción afirma que Cañellas percibió 50 millones de pesetas tras beneficiar a un amigo, el empresario del túnel, Antonio Cuart, que también se sienta en el banquillo.El ex presidente balear -que aún es diputado y dirigente del PP-, por ambos delitos de prevaricación y cohecho, afronta una petición de pena de un año de prisión, 18 de inhabilitación, multa de 100 millones y el retorno de los 50 millones cobrados. El ex consejero de Obras Públicas, Jerónimo Saiz -que controló el concurso del túnel-, puede ser condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación El tercer político imputado es e¡ ex secretario general del PP José Antonio Berastain, que fue consejero de Función Pública. Es considerado encubridor del cohecho y el fiscal pide para él cuatro meses de arresto,, tres años de inhabilitación y 50 millones de pesetas de. multa; está acusado de manejar las finanzas irregulares y de repartir las dádivas.

Antonio Cuart, abogado y financiero, es señalado como el autor de los pagos a cambio de los supuestos favores políticos. Cuart está imputado por prevaricación y cohecho, y se reclama para él una pena de un año de prisión, nueve de inhabilitación 100 millones d multa. Cuart entregó , en 1989 un cheque de 50 millones que el PP, según la acusación, dispersó en 10 nuevos talones y luego en múltiples fragmentacioñes bancarias.

La acusación particular que ejerce Izquierda Unida (IU), in crementa la solicitud de penas hasta tres años de prisión para Cañellas y dos para Cuart. La defensa dice que los hechos han prescrito y que, en todo caso, la acusación penal es indemos trable.

La fiscalía detalla que la partida de dinero recibida por el PP sirvió, supuestamente, para financiar a las organizaciones insulares y para pagar parte de las campañas electorales de 1989. El partido retribuyó a agencias de publicidad, imprentas, salas de espectáculos, organizadores de actos públicos, pastelerías, ágencias de viajes, gestores de equipos de sonido y una empresa de buzoneo. Cañellas ingresó cerca del diez por ciento de la dádiva en su fundación privada Illes Balears.

Dos políticos tránsfugas, que ayudaron al PP, figuran como beneficiarios de una parte de las comisiones. Un cuñado de un alto cargo del PP descontó un cheque. La mitad de los 100 perceptores de los talones usados en la maniobra de distracción del dinero no han sido identificados. Falta saber quién cobró un maletín con 72 millones desviados de la empresa de Cuart.

El caso Sóller es la segunda gran causa penal -tras el caso Calviá, de 1992- que atañe a la presunta trama de corrupción política del PP de Baleares. Los conservadores conquistaron la presidencia autonómica en 1983 y desde entonces la desempeñan. El sumario, iniciado en 1994 por el juez Pedro Barceló y concluido en 1997 por el magistrado Juan López Gayá, tiene 3.000 folios. La vista durará dos semanas y hay citados 60 testigos.