El Supremo de EE. UU anula una ley sobre control de armas
El grupo de presión a favor de las armas en Estados Unidos consiguió ayer una importante victoria con la decisión del Tribunal Supremo de anular uno de los capítulos básicos de la ley de control de armas aprobada en 1993. Los magistrados, en una votación de cinco contra cuatro, eliminaron la obligación de la policía local de investigar el historial de todo aquel que quiera comprar un arma. El juez Antonin Scalia, en nombre de la mayoría, considera que se trata de una imposición federal inconstitucional sobre los Estados.La ley Brady, bautizada así en honor de su principal impulsor, Jim Brady, ...
El grupo de presión a favor de las armas en Estados Unidos consiguió ayer una importante victoria con la decisión del Tribunal Supremo de anular uno de los capítulos básicos de la ley de control de armas aprobada en 1993. Los magistrados, en una votación de cinco contra cuatro, eliminaron la obligación de la policía local de investigar el historial de todo aquel que quiera comprar un arma. El juez Antonin Scalia, en nombre de la mayoría, considera que se trata de una imposición federal inconstitucional sobre los Estados.La ley Brady, bautizada así en honor de su principal impulsor, Jim Brady, jefe de prensa de la Casa Blanca con Ronald Reagan y herido en la cabeza en el atentado de 1981 contra el presidente, consiguió la azaña de introducir una tímida regulación en el mercado libre de las armas. El capítulo anulado prevé una espera de cinco días cuando se compra un arma y tiene como objetivo rastrear antecedentes penales, enfermedades mentales, drogodependencia o cualquier otro problema que desaconseje que una persona vaya armada. Según el Departamento de Justicia, las investigaciones efectuadas desde 1994 han bloqueado más de 186.000 ventas, en el 72 % de los casos por antecedentes penales. La ley fue la respuesta del Congreso "a una epidemia de violencia armada".
La decisión del Supremo tiene más valor simbólico que real, porque la medida era provisional, hasta la entrada en vigor, en 1998, de un sistema nacional de comprobaciones como el que tienen ya 27 Estados. El fallo no impide que los departamentos de policía lleven a cabo voluntariamente las comprobaciones, y Clinton pidió ayer que lo hagan. El 84% de norteamericanos está a favor de medidas de control de armas.