El Gobierno decide adelantar en varios meses el relevo del almirante jefe de la Armada
El Gobierno relevará en breve, probablemente en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, al jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Juan José Romero Caramelo. Según publicó EL PAÍS el pasado 30 de mayo, el Tribunal Militar Central constató irregularidades económicas, de carácter no delictivo, en la gestión de Romero Caramelo al frente del arsenal de La Carraca (Cádiz). El Ministerio de Defensa desvincula el cese del máximo responsable de la Marina de Guerra de dichas irregularidades y lo arropa con otros cambios en la cúpula del departamento.
Ayer se reunió el Consejo Superi...
El Gobierno relevará en breve, probablemente en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, al jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Juan José Romero Caramelo. Según publicó EL PAÍS el pasado 30 de mayo, el Tribunal Militar Central constató irregularidades económicas, de carácter no delictivo, en la gestión de Romero Caramelo al frente del arsenal de La Carraca (Cádiz). El Ministerio de Defensa desvincula el cese del máximo responsable de la Marina de Guerra de dichas irregularidades y lo arropa con otros cambios en la cúpula del departamento.
Ayer se reunió el Consejo Superior de la Armada, integrado por los almirantes en activo, que debe ser oído legalmente antes de nombrar al nuevo jefe de la Marina de Guerra, el vicealmirante Antonio Moreno Barberá, que será ascendido.La sustitución de Romero Caramelo, nombrado en febrero de 1994 por el Gobierno socialista, estaba prevista para después del verano, dentro del plan de sustitución escalonada de los miembros de la cúpula militar diseñado por el ministro Serra. Sin embargo, el relevo se ha precipitado tras salir a la luz las irregularidades económicas que se produjeron en el arsenal de La Carraca (Cádiz) durante su gestión, entre febrero de 1991 y octubre de 1992.
El Tribunal Militar Central, en un auto de 3 de abril de 1995, decidió archivar las diligencias abiertas por la venta de 21.872 litros de combustible del surtidor del arsenal a la Empresa Nacional Bazán, a un precio de 65 pesetas el litro, lo que totaliza 1.421.680 pesetas.
El auto del Tribunal estimaba que estos hechos no eran delictivos, "si bien es cierto que ha de tacharse de irregular tanto la concesión de dichos suministros [de gasóleo] en la forma en que se practicaron y llevaron a efecto, como el destino dado a las cantidades abonadas en pago por la factoría de la Empresa Nacional Bazán".
Los fondos obtenidos de estas ventas eran ingresados en una caja B, expresamente prohibida por una orden de 13 de enero de 1983 del entonces ministro Narcís Serra. Según el auto del tribunal, cuando Romero Caramelo tuvo noticia de la existencia de este fondo extrapresupuestario no procedió a regularizarlo, ingresando el remanente de dinero al Tesoro, sino que lo mantuvo hasta el final de su mandato.
"No consta que se dieran instrucciones u órdenes claras por parte de dicho mando superior en cuanto al destino que había de darse a las cantidades ingresadas hasta entonces o pendientes de ingresar, siendo lo cierto que, a partir de dicho año y hasta el mismo mes del año siguiente [cuando se marcha Caramelo], se producen diversas adquisiciones de materiales para obras diversas o pagos por servicios concretos que se sufragaron con cargo a tales sumas", constató el tribunal.
Este auto no agotó la investigación judicial sobre la gestión de La Carraca durante el mandato del almirante Romero Caramelo. La jurisdicción militar instruye otros cuatro sumarios sobre irregularidades económicas en el arsenal.
Uno de ellos concluyó el pasado 13 de diciembre con una sentencia del Tribunal Militar Central, que condenó a un año y a seis meses de prisión, respectivamente, al ayudante mayor de La Carraca y a un suboficial por la venta a particulares de 40.000 litros de gasóleo.
Además, el juzgado togado militar central número 1 instruye un sumario por la venta fraudulenta de pintura, en el que aparece implicado un capitán de navío; el juzgado togado militar central número 2 investiga irregularidades en los derechos de practicaje o aguadas, que afectan a un capitán de fragata; y el tribunal militar territorial de Sevilla tiene pendiente de juicio la venta ilegal de combustible, por la que está procesado un suboficial.
Se da la circunstancia de que el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, tuvo que acudir al Congreso el 20 de junio de 1991, mientras se estaban produciendo estas irregularidades, para informar sobre otras anteriores también en el mismo arsenal gaditano.
El almirante Moreno Barberá, sustituto
El vicealmirante Antonio Moreno Barberá, actual jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), será el sustituto de Romero Caramelo al frente de la Armada, para lo que será ascendido a almirante. La vacante que deja en el órgano de planeamiento conjunto de los tres ejércitos, la cubrirá, previsiblemente, el general de división Juan Narro Romero, actual segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.Los cambios previstos incluyen también el nombramiento del teniente general Víctor Suances Pardo como jefe de la Región Militar Pirenaica Oriental, con sede en Barcelona, en sustitución de Antonio Martínez Teixido, que acaba de pasar a la reserva. Suances era hasta ahora director general de Política de Defensa (Digeripol), uno de los puestos clave del ministerio, para el que fue nombrado en agosto de 1994, tras el asesinato por ETA del general Franciso Veguillas.
Al frente de la dirección de Política de Defensa estará el almirante Francisco Torrente Sánchez, actual jefe del Gabinete Técnico del ministro. Torrente ocupa este puesto desde febrero de 1994, por lo que ha sido estrecho colaborador de los dos últimos ministros socialistas, Julián García Vargas y Gustavo Suárez Pertierra, y del primero del PP, Eduardo Serra.
La cadena de nombramientos se completa con el del general Luis Alejandre Sintes, director de la Academia de Infantería de Toledo, como jefe del gabinete técnico del ministro.