El Gobierno valenciano amplía el control político sobre las cajas de ahorros
La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de cajas de la Generalitat valenciana, que preside Eduardo Zaplana (PP), entra en su recta final. Hoy se inicia el debate de las enmiendas parciales al proyecto de ley, cuya aprobación está prevista para mediados o finales de junio.Todo ello en medio de un' fuerte debate, puesto que algunos de sus preceptos han sido puestos en tela de juicio por informes redactados por el bufete Cuatrecasas y por el jurista Eduardo García de Enterría. El texto también ha recibido varapalos de la oposición, los sindicatos, los colectivos de impositores y entidade...
La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de cajas de la Generalitat valenciana, que preside Eduardo Zaplana (PP), entra en su recta final. Hoy se inicia el debate de las enmiendas parciales al proyecto de ley, cuya aprobación está prevista para mediados o finales de junio.Todo ello en medio de un' fuerte debate, puesto que algunos de sus preceptos han sido puestos en tela de juicio por informes redactados por el bufete Cuatrecasas y por el jurista Eduardo García de Enterría. El texto también ha recibido varapalos de la oposición, los sindicatos, los colectivos de impositores y entidades fundadoras e incluso la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro.
Uno de los aspectos más polémicos de la futura ley es el incremento de la presencia de representantes políticos en los órganos de dirección de las cajas. La nueva distribución de los componentes de las asambleas de las cajas que recoge el proyecto de ley de Zaplana concede a las corporaciones locales un 28% de la representación.
Unido al 28% de consejeros que se reserva la Generalitat, elevaría a un 56% la presencia de las Administraciones públicas en las entidades de depósito de la Comunidad Valenciana (Bancaixa, CAM, Caixa Ontinyent y Caixa Carlet). Estas entidades suman un activo superior a los tres billones y medio de pesetas y 8.000 empleados.
El Gobierno de Zaplana ha insistido hasta la saciedad en que tres sentencias del Tribunal Constitucional avalan esta reforma de la ley aprobada por el anterior Gobierno socialista en 1991.
Un dictamen del catedrático en Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría afirma que la introducción de nuevos grupos y la fijación de porcentajes distintos a los establecidos en la LORCA (Ley de Regulación de los Organos Rectores de las Cajas de Ahorros) han motivado la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra leyes similares en Murcia, Cantabria, Cataluña, Canarias y Arágón.
El catedrático advierte que tras estas tensiones se esconde a menudo el intento del poder político de abrir cauces para apoderarse de las cajas. En el caso de la Comunidad Valenciana, la Administración necesita con urgencia financiación para llevar a cabo proyectos como el parque temático de Benidorm o una nueva universidad en Elche (Alicante).
García de Enterría, basándose en la doctrina del Constitucional, reconoce la potestad de las comunidades para introducir nuevos grupos de representación, siempre que se justifique socialmente. Ahora bien, también subraya que este margen tiene que "respetar una representación efectiva de los grupos socia les y un equilibrio razonable entre ellos". La reforma de la ley valenciana, ambigua en sus inicios, ha concretado (obligada por los sucesivos dictámenes jurídicos) artículos tan vitales como quién elige a los consejeros de la Generalitat. La potestad ha recaído en el Parlamento autónomo.