Una firma ligada a Pérez Escolar cobró 280 millones por cuatro informes en la operación ABC Serrano

Cifuentes 2000, una firma ligada a Rafael Pérez Escolar, cobró 280 millones de pesetas a la sociedad promotora del centro comercial ABC Serrano por cuatro informes, tres relacionados con fondos de inversión y o con un estudio de mercado. Plataforma Sesenta y Uno, denominación de la sociedad, tenía entonces, entre febrero y abril e 1992, un capital de 939 millones de pesetas. Pérez Escolar. era en aquel momento consejero de Prensa Española, dueña del inmueble sobre el que se edificó el centro comerciañ (antiguassede del diario ABC) y de Banesto. Escolar está acusado en el caso Banesto por delit...

Cifuentes 2000, una firma ligada a Rafael Pérez Escolar, cobró 280 millones de pesetas a la sociedad promotora del centro comercial ABC Serrano por cuatro informes, tres relacionados con fondos de inversión y o con un estudio de mercado. Plataforma Sesenta y Uno, denominación de la sociedad, tenía entonces, entre febrero y abril e 1992, un capital de 939 millones de pesetas. Pérez Escolar. era en aquel momento consejero de Prensa Española, dueña del inmueble sobre el que se edificó el centro comerciañ (antiguassede del diario ABC) y de Banesto. Escolar está acusado en el caso Banesto por delitos de estafa , apropiación indebida y falsedad.

El capítulo de estudios y asesoramiento previo a la construcción del centro comercial ABC Serrano está repleto. Y en él aparece una sociedad vinculada a Rafael Pérez Escolar, Cifuentes 2000. Esta empresa cobró un total de 280 millones de pesetas, entre febrero y abril 1992, por realizar cuatro informes. El primero era un estudio sobre fondos de inversión, por el que cobró 42.333.380 pesetas, cifra que se elevó a 47.413.386 pesetas si se le añade el IVA. Un segundo estudio, también sobre fondos de inversión, le supuso a Plataforma Sesenta y Uno un desembolso de 43.555.600 pesetas, 48.782.272 con IVA. El tercer estudio sobre fondos de inversión mereció una valoración de 130.666.600 pesetas, 15.679.992 pesetas más si se tiene en cuenta el IVA.El cuarto de los informes, esta vez relativo a un estudio de mercado, se valoró en 63.500.000 pesetas, 71.120.000 con la aplicación del IVA.

El centro comercial ABC Serrano se edificó sobre la antigua sede del diario ABC, propiedad de Prensa Española, que se trasladó a un edificio en las afueras de Madrid. El centro tiene una superficie, distribuida en cuatro plantas, de 15.000 metros cuadrados para locales comerciales y otros 7.000 de oficinas, además de 350 plazas de aparcamiento.

La inversión global destinada por Banesto a la puesta en marcha del centro comercial ABC Serrano rondó los 15.000 millones de pesetas. De ellos, alrededor de 10.000 millones fueron concedidos cuando la entidad estaba dirigida por Mario Conde. Tras la intervención del Banco de España, el 28 de diciembre de 1993, el proyecto se tambaleó.

Sin embargo, la nueva dirección de la entidad optó por continuar con él, lo cual supuso ampliar el crédito en otros 4.000 millones de pesetas, en un intento de recuperar la inversión. No obstante, y según consta en la nota simple del Registro Mercantil de Madrid de Plataforma Sesenta y Uno, ésta ha pasado a ser propiedad de Banesto.

Rafael Pérez Escolar, que no respondió a las llamadas de este periódico, fue uno de los más directos colaboradores de Conde en su etapa Banesto, entidad de la que fue consejero. Y aparece como acusado en el auto de apertura del juicio oral del caso Banesto redactado por el juez Manuel García-Castellón. En concreto, el auto pide las siguientes penas para Pérez Escolar:

- "Por el delito del apartado e [operación Doma, constitutiva de delito continuado de estafa], la pena de siete años de prisión y multa de 12 meses, hasta un límite de 18 millones de pesetas".

. - "Por el delito del apartado d [operación Carburos, constitutiva de delito de apropiación indebida], la pena de seis años de prisión y multa de 12 meses hasta un límite de 18 millones".

- "Por el delito del apartado h [artificios contables, constitutivo de delito continuado de falsedad en documento], la- pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de ocho meses, hasta un límite de 12 millones".

La Audiencia Nacional también tiene pendiente la investigación de 19 facturas cobradas a CEISA en las que intervienen sociedades ligadas a Escolar.