Insultar a la víctima
La pena que un tribunal impone a un crimen no es sólo un castigo al criminal y una advertencia disuasoria para emuladores potenciales. La pena tiene una tercera razón, no por ignorada menos importante, y es la de rehabilitar a la víctima de la afrenta que siempre supone sufrir un delito en propia carne. La condena a un violador o a un asesino es también un gesto simbólico que la sociedad hace a la víctima, reacogiéndola en su seno al demostrar, por medio de la pena impuesta al criminal, que el daño que sufrió en su persona se considera un daño a todo el cuerpo social.Es por eso absolutamente i...
La pena que un tribunal impone a un crimen no es sólo un castigo al criminal y una advertencia disuasoria para emuladores potenciales. La pena tiene una tercera razón, no por ignorada menos importante, y es la de rehabilitar a la víctima de la afrenta que siempre supone sufrir un delito en propia carne. La condena a un violador o a un asesino es también un gesto simbólico que la sociedad hace a la víctima, reacogiéndola en su seno al demostrar, por medio de la pena impuesta al criminal, que el daño que sufrió en su persona se considera un daño a todo el cuerpo social.Es por eso absolutamente indignante la petición fiscal de un año de cárcel para los ocho acusados de matar, hoy hace un año, al joven David Afonso Correira en un parque de Arganzuela. No es retórica la pregunta de la madre de David Afonso: "¿Es eso lo que valía su vida?".
Pero esta petición del fiscal de un año de prisión por matar a un joven no sólo equivale a un desprecio a la víctima, a un insulto a añadir a la muerte y al sufrimiento que afecta ante todo a su familia. Es también un indicio más de que la justicia en este país tiene una preocupante tendencia a trivializar los casos de la violencia de bandas juveniles.
Las recientes sentencias del caso Costa Polvoranca y del crimen de Arganda muestran una grave predisposición a aceptar la versión de la riña entre grupos de amigos, trifulcas entre chiquillos. Pero la intimidación de testigos, las amenazas y la coordinación mostrada por los implicados antes y durante los juicios deberían haber dejado claro que se trata de grupos ideologizados, de extrema derecha, que pululan por los barrios del sur de Madrid.
Debería dar que pensar la actitud de los implicados en todos estos casos. Aún estamos por ver a alguno de ellos mostrar arrepentimiento y lamentar el haber participado en una muerte. Sentencias y peticiones fiscales como las que nos ocupan no inducen precisamente a la reflexión. Parecen querer adelantar el perdón al arrepentimiento. Y el perdón solo se puede dar al que lo pide. Al que, previamente, reconoce y lamenta su culpa.
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