Ruiz-Gallardón impone 40 condiciones y "suspende" seis grandes proyectos en el nuevo Plan General

La comisión regional de urbanismo decidió ayer aprobar el nuevo plan general de madrid con 40 condiciones importantes y seis suspensos definitivos. Los dirigentes autonómicos del PP no sólo recortaron algunos de los planes residenciales del gobierno de Álvarez del Manzano (se han quedado aparcadas calificaciones de suelo para más de 10.000 viviendas), sino que devolvieron al ayuntamiento seis importantes proyectos para que en un plazo de seis meses vuelvan a remitirlos a la comunidad corregidos. El consejo de Gobierno ratificará hoy la aprobación condicionada del plan general.

Entre los...

La comisión regional de urbanismo decidió ayer aprobar el nuevo plan general de madrid con 40 condiciones importantes y seis suspensos definitivos. Los dirigentes autonómicos del PP no sólo recortaron algunos de los planes residenciales del gobierno de Álvarez del Manzano (se han quedado aparcadas calificaciones de suelo para más de 10.000 viviendas), sino que devolvieron al ayuntamiento seis importantes proyectos para que en un plazo de seis meses vuelvan a remitirlos a la comunidad corregidos. El consejo de Gobierno ratificará hoy la aprobación condicionada del plan general.

Entre los proyectos suspendidos y devueltos figuran las 900 viviendas del barrio de Valdemarín (la Comunidad considera que son excesivas y aconseja al Ayuntamiento que rebaje las alturas previstas en esa zona por su proximidad al monte de El Pardo), los 320 pisos de la Mina del Cazador (que el Ayuntamiento deberá convertir ahora en suelo protegido para la futura ampliación de la Casa de Campo), la operación diseñada para construir sobre los terrenos que el Canal de Isabel II tiene en la plaza de Castilla (el municipio deberá garantizar el mantenimiento de los depósitos de agua allí existentes).Hay otras dos grandes operaciones que afectan a propiedades de la Administración central que han quedado aparcadas, pues la Comunidad considera que el Ayuntamiento no había tramitado estos planes adecuadamente. En la cárcel de Carabánchel, el gobierno municipal había recalificado los terrenos para uso residencial (1.100 viviendas). Pues bien, la Comunidad ha devuelto a esos terrenos su calificación original: "uso público singular", y no admitirá la construcción de pisos hasta que el Ayuntamiento no firme un convenio con el Ministerio de Justicia.

La misma suerte ha corrido el plan para desmantelar los cuarteles de Campamento y levantar allí 7.400 viviendas. El Gobierno regional no admitirá el uso residencial para estos suelos hasta que el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid no firmen un convenio sobre el futuro de esa zona de la capital.

En la reunión, los dirigentes del Partido Popular de ambas instituciones firmaron la paz tras el revuelo ocasionado por las duras acusaciones hechas por el alcalde el martes, y rectificadas ayer, contra su compañero de partido Alberto Ruiz-Gallardón. Tan sólo se alzó una voz discrepante en el acto final de aprobación del Plan General. Rafael Gómez, concejal socialista de Leganés y representante de la Federación de Municipios en la Comisión de Urbanismo, recordó al consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, los graves perjuicios que el Plan General iba a ocasionar a los grandes municipios que limitan con Madrid, que sufrirían el colapso de sus accesos por culpa de la masificación de viviendas aprobada en las afueras de la capital. Recordó el edil socialista que todas las localidades del sur habían presentado alegaciones al Plan General sin ninguna suerte, pues el gobierno de Álvarez del Manzano las desestimó en el periodo de información pública.

En este último acto, la Comunidad de Madrid se reservó una parte del control público de determinadas actuaciones urbanísticas de interés supramunicipal: Ciudad Olímpica, ensanche de la Castellana, desarrollo del Este, Campamento, sistema aeroportuoario de Barajas, Centro Logístico de Vicálvaro y Parque de Valdebebas (la futura Casa de Campo del este).

Directores generales

Los directores generales de la Comunidad de Madrid que han intervenido en el proceso de aprobación del Plan General explicaron en la reunión las condiciones que han impuesto a esta carta magna del urbanismo madrileño. Estas condiciones obligan al municipio en muchos casos a pedir permiso a la Comunidad de Madrid para acometer determinadas actuaciones.

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha informado en contra de la aprobación de varios planes urbanísticos especiales diseñados por el Ayuntamiento -entre ellos, el de cines y teatros, el de callejones, el de edificios ruinosos y el de miradores- para que se incluya la obligación de pedir una autorización previa a la Comunidad antes de solicitar licencia al Ayuntamiento para: cualquier obra relacionada con estos planes.

La Dirección General de Transportes ha exigido que se modifiquen diversas operaciones para hacer las reservas necesarias para la futura ampliación del tren a Arganda. Hasta el Canal de Isabel II ha impuesto sus condiciones a la aprobación del Plan General de Madrid, recordando que se han omitido en los planos infraestructuras hidráulicas previstas por la compañía, y se han incluido otras con cargo a los presupuestos del Canal de Isabel II que deberán ser financiadas por otros organismos.