Extradición y asilo

RESULTA COMPRENSIBLE el malestar del Gobierno español tras la decisión de la justicia portuguesa de negar la extradición y poner en libertad al presunto etarra José Luis Telletxea. Lo que hay que hacer no es tanto reiterar los lamentos como convencer a los Estados de la Unión Europea para que cambien sus leyes de manera que no se repitan casos como éste. La Resolución de Garantías Mínimas aprobada por el Consejo de Ministros de la UE en 1995 no ha sido efectiva, por lo que el Ejecutivo quiere una norma de aplicación directa.El Gobierno de Aznar ha hecho bandera de la supresión del asilo en la ...

RESULTA COMPRENSIBLE el malestar del Gobierno español tras la decisión de la justicia portuguesa de negar la extradición y poner en libertad al presunto etarra José Luis Telletxea. Lo que hay que hacer no es tanto reiterar los lamentos como convencer a los Estados de la Unión Europea para que cambien sus leyes de manera que no se repitan casos como éste. La Resolución de Garantías Mínimas aprobada por el Consejo de Ministros de la UE en 1995 no ha sido efectiva, por lo que el Ejecutivo quiere una norma de aplicación directa.El Gobierno de Aznar ha hecho bandera de la supresión del asilo en la Unión Europea para los ciudadanos de los países miembros, con el argumento de que todos son países democráticos. Es verdad que no se ha concedido nunca un derecho de asilo en ningún Estado miembro a ningún ciudadano de otro comunitario. Pero el principio del derecho de asilo sí ha servido para que se aferraran a él varios etarras para aplazar, o incluso frustrar, su extradición hacia España. Ahora bien, nada garantiza que, de haber sido ya efectiva la supresión de este derecho de asilo, se hubiera asegurado la entrega de Telletxea a la justicia española.

Aunque los Quince aprobaron en el Consejo Europeo de Dublín, en diciembre pasado, el principio de la supresión de ese derecho entre países miembros, están surgiendo dificultades para su traducción en un texto de la Conferencia Intergubemamental que está revisando el Tratado de Maastricht. Se trata de una iniciativa del anterior Gobierno español, pero es decisión del actual la amenaza de bloquear la conferencia o no ratificar sus resultados si no obtiene satisfacción en este punto.

Los intentos de suprimir este principio han sido criticados por la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y por Amnistía Internacional, que han planteado algunas dudas que no cabe rechazar de plano. Pero igual que el asilo no es aplicable dentro de una misma nación -sería impensable que un gallego pidiera asilo político al Gobierno andaluz-, se trata de que todos los miembros del club europeo renuncien a este principio en aplicación de una ciudadanía europea compartida. En ningún caso se anularía el derecho de asilo de ciudadanos de otros países. De otro modo, Europa perdería una de sus señas de identidad.

Pero, aunque la UE es un club de naciones democráticas, nada garantiza que todos los Estados que la componen vayan a seguir siéndolo siempre. Por desgracia, en una Unión cada vez más ampliada pueden darse regresiones totales o parciales en las democracias, situaciones transitorias dudosas. Y el derecho de asilo podría seguir siendo una garantía contra una nueva Grecia de los coroneles u otros aires de involución que puedan soplar aquí o allá, en la Europa de Le Pen o Haider.

El auge de la extrema derecha en Europa no favorece los propósitos españoles, dirigidos fundamentalmente contra ETA. Bien es verdad que la conferencia está examinando la posibilidad de suspender los derechos de un Estado miembro que deje de ser democrático o incurra en graves violaciones de derechos humanos, a la vez que intentará reforzar éstos y hacer que de ellos se ocupe también el Tribunal de Justicia de la UE. Por ello se insiste en que la supresión del derecho de asilo figure en el primer pilar de la UE, el comunitario, y no en el tercero, el (le los asuntos de Justicia e Interior.

Además de llevar a complejas adaptaciones del Convenio de Ginebra de 1951 y del protocolo de Nueva York de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la supresión del asilo obligaría a reformar las constituciones de varios países de la UE, empezando por Francia, lo que plantea problemas evidentes. Sin duda, la Unión Europea debiera ser una tierra en la que no hubiera refugio para terroristas de países miembros. Si el principio no está en juego, puede haber soluciones diversas: desde declarar cualquier petición de asilo entre Estados de la UE automáticamente infundada hasta la elaboración, que también propugna el Gobierno, de un tratado que impida a los terroristas asentarse en lugar alguno de la UE. La supresión del asilo como tal, además de los problemas mencionados, necesitará en todo caso medidas complementarias, jurídicas y políticas, para lograr, por ejemplo, la entrega de los terroristas al país de origen.